El daño económico que podría causar el rechazo del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de Ley que presentó el senador Enrique Salym Buzarquis proyectado por los altos funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se pudo haber evitado si la empresa estatal era más diligente en los primeros meses de la cuarentena.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), Esteban Montanía indicó que el responsable de esta situación es el presidente de la institución, Luis Alberto Villordo Recalde, por errores estratégicos que desembocaron en el escándalo de sobrefacturaciones y que motivaron las reacciones masivas.
“La responsabilidad es exclusiva del presidente de la ANDE, él podía haber anulado las facturas por una resolución, pidiendo disculpas a los usuarios y diciendo que se iba a volver a hacer las facturaciones cuando se tengan la lectura de los medidores y que se divida en tres para poder tener el consumo real de los usuarios, y no pasaba nada”, refirió Montanía.
Recordemos que la Ley de Emergencia Sanitaria 6524/2020 establecía la exoneración del pago del servicio de energía eléctrica, durante los meses de abril, mayo y junio del corriente año, y otros beneficios adicionales. Los beneficiarios iban a ser los usuarios que no superen los 500 kWh de consumo mensual.
La ANDE optó por emitir boletas de consumo por promedio, pero como ejemplo del escándalo, muchos usuarios de locales comerciales que no abrieron durante la cuarentena rígida tuvieron que pagar como si hayan estado funcionado con normalidad.
“Desde un principio advertimos que no era conveniente que los lectores dejaran de hacer su trabajo (para la emisión de las boletas). No nos escuchó, perjudicó a los lectores, a los usuarios, y a la ANDE”, remarcó el secretario de Sitrande.
Ahora, la Ley Buzarquis plantea, por un lado elevar la exoneración de los primeros 1.000 kWh y pagar la diferencia, no como se estableció anteriormente a exonerar a los usuarios que consumían hasta los 500 kWh.
En cuanto a lo positivo, es que prohíbe tanto a la ANDE como a la Essap a emitir facturas sin haber realizado la lectura de los medidores.
¿HAY PLAN PRIVATIZAR?
Esteban Montanía mencionó que se pueden sacar conjeturas sobre este tipo de políticas que dañan la imagen de la ANDE, y que ya dudan si el plan es llegar a la empresa estatal a la bancarrota.
“Nosotros sostenemos que la política de los privatistas es llevar a la ANDE a un estadio tal de indefensión, desacreditarlo ante la opinión pública para finalmente decir “bueno, esto ya no nos sirve y ahora tenemos que privatizar”. La privatización generará un oligopolio y la distribución de energía eléctrica dejará de ser un servicio público”, destacó el entrevistado.
Además, concluyó que la Ley Buzarquis podría concluir con ese plan, y finalmente regalar al sector privado todo el activo y “nuestro bien más preciado, que es la energía eléctrica”.
