Darío Arámbulo
@derryarambulo
Una de las conclusiones que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es que la justicia penal en general tiene una debilidad, y es detectar el origen de las armas que se incautan. Dar valor a descubrir el origen y las rutas ilegales reduciría el acceso de los delincuentes a esas armas.
En Paraguay solo existe una condena por tráfico de armas de fuego. El 3 de marzo del 2020 un Tribunal de Sentencia condenó a Carlos León Ocampos, Eduardo Ramírez y Víctor Ferreira por el hecho punible de tráfico internacional de armas, luego de varios años de investigación realizados por la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) y el Ministerio Público.
El Estudio Mundial sobre Tráfico de Armas de Fuego 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) menciona que una de las falencias del sistema de justicia penal es justamente el abordaje del tráfico de armas de fuego.
Aunque los operativos del aparato punitivo del Estado sobre hechos de narcotráfico, homicidio, asaltos u otros hechos terminen con la incautación de armas de fuego, no se hace un seguimiento del origen.
La UNODC menciona que existe una práctica frecuente de limitar la justificación legal de las incautaciones con cargos de posesión ilícita, cuando podrían haber sido objeto de tráfico refleja la relativa miopía de muchos sistemas de justicia penal. Es decir, los actores de justicia solo se centran en el arma de fuego como instrumento para cometer delitos o como prueba, y no ven el valor de abordar su origen y el tráfico ilícito.
Lo que ocurre es que las armas salen de circulación, sin embargo “el tráfico ilícito sigue quedando en gran medida oculto y no se aborda el objetivo de combatir y reducir de forma efectiva las corrientes ilícitas de armas.”
NECESITAMOS MÁS ESFUERZO
El Estudio Mundial sobre Tráfico de Armas de Fuego 2020 destaca que la detección e investigación del tráfico ilícito requiere esfuerzos, tiempo y recursos adicionales de los que a menudo disponen los profesionales de justicia penal.
Se insiste en el documento de Naciones Unidas en un cambio de paradigma, que es dar prioridad al objetivo de investigar las corrientes ilícitas y enjuiciar la actividad de tráfico ilícito, con el fin de dar visibilidad y respuestas adecuadas a este delito subyacente que contribuye y alimenta la incidencia de otros delitos.
En ese sentido, el ministro de la Senad Arnaldo Giuzzio indicó que el tráfico de armas en Paraguay es conexo al tráfico internacional de drogas, y la institución está enfatizando sus esfuerzos en más operativos para descubrir como la comercialización de armas está relacionada íntimamente con las organizaciones ilícitas transnacionales.
El ministro agrega además que estas facciones del crimen organizado internacional utilizan esta actividad del tráfico de armas para el intercambio por drogas y fortalecer otras acciones, como las de terrorismo local (sean Ejército del Pueblo Paraguayo – EPP, Agrupación Campesina Armada – ACA o Ejército del Mariscal López – EML) y los carteles brasileños con tentáculos en la frontera.
RECOMENDACIONES DE LA UNODC
En materia de recomendaciones, el Estudio Mundial sobre Tráfico de Armas de Fuego 2020 destaca que el sistema de justicia penal debe hacer hincapié en tres puntos esenciales.
Primero, en el registro de información sobre las armas de fuego y su contexto delictivo durante las diferentes etapas de una investigación penal de manera fácilmente agregable; segundo en mejorar los mecanismos y aumentar la capacidad de rastreo nacional e internacional de las armas de fuego incautadas; y en tercer lugar centralizar los datos pertinentes en bases de datos nacionales que puedan ayudar a realizar el rastreo y apoyar la investigación de su posible origen ilícito.
De esta forma también se podrá aumentar la capacidad de reacción del aparato estatal para generar mayores resultados.
