La Cámara de Senadores, en una sesión ordinaria virtual se ratificó en su versión inicial del proyecto de Ley “que establece medidas de racionalización del gasto público”, presentado por el senador Sergio Godoy (ANR), junto a otros legisladores. El documento aprobado fija un tope salarial de G. 37 millones para todos los funcionarios, incluyendo las binacionales.
Con un total de 38 votos, los senadores rechazaron las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados que excluían de los recortes a las binacionales Itaipú y Yacyretá, como así también el artículo referente a la limitación de viajes a altos funcionarios del Estado. La iniciativa vuelve a la Cámara Baja.
En un momento, al tratarse la ley que limita salarios en binacionales, el senador Silvio “Beto” Ovelar olvidó apagar el micrófono y en la sala virtual se escuchó: «Amor, los cartistas están con nosotros». Cabe recordar que su esposa, Iris Magnolia Mendoza, percibe un salario de más de G. 100 millones en Itaipú como asesora jurídica.
Este hecho no pasó desapercibido y generó un aluvión de críticas sobre el actuar del legislador ante una situación de emergencia para el país que hoy demanda recursos para hacer frente a la pandemia, que ya se cobró vidas y dejó miles de desempleados en todo el país.
Godoy recordó que el documento cuenta con tres ejes: la prohibición de compras y contrataciones superfluas innecesarias, la contratación de parientes y asesores, además de fijar los topes salariales y establecer como parámetro máximo el del presidente de la República.
Durante el tratamiento de la iniciativa, el senador Silvio Ovelar (ANR), recordó que la Comisión de Hacienda del Senado dictaminó a favor de la versión de Diputados, ya que corregía algunos puntos que eran inaplicables. “Estamos de acuerdo con el texto de la Cámara de Diputados, porque corrige algunos puntos que eran inaplicables. En la Comisión de Hacienda estuvimos de acuerdo con aprobar la versión de la Cámara de Diputados”, indicó
Por su parte, el senador Blas Llano (PLRA) apoyó la ratificación del Senado y dijo que si bien los recortes serían simbólicos en comparación al Presupuesto General de cada año, enviarían “una fuerte señal” para que la Cámara Alta recupere la credibilidad de la ciudadanía.
Esta posición fue la de una amplia mayoría de los legisladores de la Cámara Alta quienes afirmaron que ya no se debe contar con privilegios dentro del Estado.
PROYECTO
La normativa aprobada establece que las autoridades públicas de rango superior podrán incorporar a las instituciones a su cargo, en carácter de colaboradores, hasta un máximo de tres asesores remunerados, quienes siempre durarán en sus funciones mientras lo hagan dichas autoridades.
Así también, además de reducir los altos salarios, la Ley estipula la eliminación del seguro médico para la máxima autoridad. Asimismo, de la provisión de combustibles, salvo su utilización para actos y eventos oficiales y aquellos derivados de su función o cargo.
Así como la adquisición de servicio de telefonía celular para todo funcionario público y autoridad pública de rango superior. También la provisión de alimentos terminados, bebidas, arreglos florales, presentes o tarjetas de felicitaciones y de invitación para recepciones o eventos.
Por otro lado, limita la publicidad estatal en medios masivos de comunicación y cualquier otra forma de expresión audiovisual, exceptuando a aquellos Organismos y Entidades del Estado (OEE) y entidades binacionales, que ante situaciones de emergencia nacional tales como epidemias, catástrofes naturales, para publicación de edictos, llamados a licitaciones.
Además, elimina las remuneraciones adicionales en concepto de cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo, o algún tipo de gratificación en concepto de trabajo desempeñado, entre otras medidas.
Con la ratificación de la Cámara Alta, la última palabra respecto al documento la tendrá la Cámara de Diputados. Según estaciones del Ministerio de Hacienda, con la Ley el Estado ahorraría US$ 10 millones anuales.
