El grupo empresarial TSV del Paraguay, compuesto por las empresas Paraguay Security, Proseco, BYPAR, Blue Ocean, DATABIZ y otras, se encuentra actualmente bajo la lupa de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Comisión Nacional de Competencia. Estas entidades investigan al grupo por posibles actos de colusión en licitaciones financiadas por Itaipú Binacional y el Parque Tecnológico Itaipú (PTI), en una trama que involucra millonarios contratos públicos.
La Resolución de la DNCP N.º 1390/24 y otras documentaciones señalan al grupo TSV como uno de los mayores beneficiarios en las licitaciones organizadas por Itaipú y el PTI. Las investigaciones apuntan a la presunta manipulación de concursos para favorecer a este conglomerado, lo que ha generado preocupación por la equidad de los procesos licitatorios en Paraguay.
La Resolución de la DNCP N.º 1390/24 y otras documentaciones señalan al grupo TSV como uno de los mayores beneficiarios en las licitaciones organizadas por Itaipú y el PTI. Las investigaciones apuntan a la presunta manipulación de concursos para favorecer a este conglomerado, lo que ha generado preocupación por la equidad de los procesos licitatorios en Paraguay. No obstante, cabe destacar que todas las investigaciones están en curso, y el grupo empresarial mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario.
El ascenso del Grupo TSV como uno de los principales proveedores en licitaciones del PTI ha despertado muchas preguntas en torno a la transparencia de los procesos de selección. Según los documentos a los que se tuvo acceso, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició investigaciones contra estas empresas por supuestas colusiones en licitaciones públicas. Esta situación ha sido respaldada por resoluciones como la Resolución 1390/24, que detalla las posibles irregularidades cometidas por el grupo empresarial. El hecho de que este grupo esté siendo investigado también por la Comisión Nacional de Competencia fortalece las preocupaciones en torno a la legitimidad de sus operaciones.
Uno de los puntos que han generado mayor controversia es la presencia de Viviana Chaves, quien, según varios documentos públicos y su perfil en redes sociales, ocupa un puesto clave en el área de seguridad de la Fundación PTI. Esta relación cercana entre los funcionarios del grupo y las entidades públicas ha suscitado cuestionamientos sobre la imparcialidad en las adjudicaciones.
Entre los contratos adjudicados al grupo, destaca una licitación de 780 mil dólares para la provisión de 1.500 chalecos antibalas al Ministerio del Interior, financiada con fondos de Itaipú a través del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Sin embargo, a la fecha, la empresa Paraguay Security no ha entregado los chalecos, según información a la que ha tenido acceso este medio. A pesar de este incumplimiento, UNOPS no ha rescindido el contrato, lo que ha levantado sospechas de connivencia entre las partes, especialmente considerando que la empresa está participando en otra licitación por un monto de 43.000 millones de guaraníes.
Por otro lado, la firma Proseco, también parte del grupo TSV, fue adjudicada con el equipamiento de sistemas de seguridad para la cárcel de Emboscada. Este contrato ha sido objeto de escrutinio luego de que el sistema de vigilancia de la prisión fuera vulnerado por el conocido «clan Rotela,» lo que cuestiona la efectividad de los trabajos realizados.
El grupo empresarial, liderado por Pablo Salinas, Jorge Jure y Fabricio Martínez Appleyard, parece haber asegurado un rol destacado en las contrataciones del sector público. Esta situación plantea interrogantes sobre el nivel de influencia y apoyo político del grupo en el marco de las licitaciones más importantes del país. Sin embargo, las investigaciones en curso deberán determinar la veracidad de las acusaciones.
Las investigaciones en curso y las acusaciones de colusión y manipulación de licitaciones ponen en duda la transparencia de estos procesos, afectando no solo a las empresas locales que compiten por los contratos, sino también a la confianza pública en las instituciones encargadas de regularlos.
