La Cámara de Senadores ha otorgado media sanción al proyecto de ley “Que establece el
control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.
Este proyecto, cuyo objeto de aplicación y definiciones resultan amplias y genéricas, busca
dotar de un marco de transparencia incluso a fondos privados de origen nacional cuando,
bajo supuestos muy ambiguos, se vinculan con actividades o competencias del Estado.
El Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, a través de una declaración de principios, menciona que el Estado debe promover la libertad de asociación y aplicar medidas proporcionadas de registro, control y sanción. Entre sus principios, refiere que “las entidades civiles sin fines de lucro tienen la libertad de buscar, solicitar, obtener y utilizar financiamiento para el logro de sus objetivos sociales, tanto de fuentes públicas como privadas, nacionales o extranjeras”.
Es fundamental destacar que la imposición de multas desproporcionadas y requisitos de
este proyecto de ley socavan derechos constitucionales y crean un entorno asfixiante. Al
imponer barreras excesivas y sanciones severas, se desincentiva la creación y operación de
organizaciones sin fines de lucro, limitando de facto la libertad de asociación y expresión.
Estamos de acuerdo en que las organizaciones sin fines de lucro deben tener políticas de
transparencia, como divulgar el origen de los fondos, los proyectos, los fines estatutarios
y la identificación de los directores y financistas. Sin embargo, exigir detalles de contratos
y facturas compromete el patrimonio documental privado y los derechos de privacidad.
La transparencia debe ser una herramienta de los particulares frente al Estado, no una
herramienta del Estado contra los particulares.
Estas regulaciones podrían llevar a la desaparición de muchas organizaciones y fomentar la
autocensura, afectando negativamente la participación ciudadana. Es esencial recordar que, según Moody’s, una sociedad civil fuerte es un indicador clave de gobernanza y fundamental para alcanzar el grado de inversión. En este momento crítico para Paraguay, debemos demostrar previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras al mundo. Promover leyes que restrinjan principios fundamentales de una democracia participativa y pluralista podría alejarnos del grado de inversión y de una imagen positiva ante la comunidad internacional.
La transparencia y el control son esenciales, pero no deben confundirse con la censura y la
inhibición del trabajo de las organizaciones que contribuyen al bienestar social. Una revisión cuidadosa del proyecto es fundamental para evitar repercusiones negativas en los principios democráticos, las relaciones internacionales y el desarrollo económico de Paraguay.
Instamos a la Cámara de Diputados a revisar detenidamente este proyecto de ley y
consensuar con los diferentes sectores de la sociedad un marco normativo que fortalezca
nuestra democracia y desarrollo económico.
