La ley, que fue sancionada por el Congreso, sería vetada por el presidente de la República, decisión que es apoyada por la Unión de Gremios de la Producción (UGP) que, al mismo tiempo, pide investigar el caso y que este no quede impune, comunicado mediante.
Conocidos empresarios agroganaderos, políticos y hasta jueces figuran como propietarios de lujosas casas y mansiones en un predio de 131 hectáreas que pertenece al Ministerio de Defensa, cuyo proyecto de desafectación ya fue aprobado por el Congreso Nacional y que sería vetado por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo prometido por el presidente Santiago Peña.
Además, de respaldar el veto de Santiago Peña a esta propuesta, la UGP espera que las instituciones pertinentes investiguen los casos en los que se realizaron estas prácticas de usar la figura de expropiación o desafectación con el supuesto motivo de «interés social», la cual “ha sido promovida durante años por personas que pretenden lucrar con bienes ajenos -ya sean públicos o privados- para un provecho particular y lejos del bien común”, indica el documento dirigido a la opinión pública.
Recordaron también que todos los ciudadanos del país son iguales ante la ley.
