En medio de una crisis bilateral por la recaudación de peajes en la Hidrovía Paraguay-Paraná, el gobierno argentino ha elevado la tensión al endurecer los controles aduaneros a las embarcaciones de origen paraguayo. Esta medida se produce en respuesta al apoyo que Paraguay ha obtenido de Brasil, Bolivia y Uruguay en contra de los cargos por peaje, un desarrollo que ha aumentado la tensión en la relación entre los dos países vecinos.
Durante el fin de semana, quedó claro que los controles aduaneros se volvieron significativamente más rigurosos, reflejando la determinación de Argentina de afirmar su posición en el conflicto en curso. Santiago Peña, jefe de gobierno de Paraguay, ahora se enfrenta a un desafío formidable mientras la administración argentina, bajo la dirección del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Santiago Cafiero, toma medidas decisivas para proteger sus intereses, informaron desde medio argentinos, entre ellos el sitio La política Online de Buenos Aires.
El telón de fondo de esta escalada de tensiones se remonta a la larga controversia en torno a las tarifas de peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná, una vía fluvial vital que conecta a ambas naciones. Esta vía fluvial desempeña un papel fundamental en la facilitación del comercio y el transporte de mercancías entre Argentina y Paraguay, convirtiéndose en una línea de vida económica estratégica para ambos países.
El conflicto comenzó cuando Argentina intentó implementar nuevos cargos por peaje a las embarcaciones que navegan por la vía fluvial, una medida que encontró una fuerte oposición por parte de Paraguay. Santiago Peña, quien ha estado a la vanguardia del conflicto, argumentó que estos cargos eran excesivos e injustos, gravando a los navieros paraguayos e obstaculizando su capacidad para competir en los mercados internacionales. En respuesta a estas preocupaciones, Paraguay obtuvo el apoyo de Brasil, Bolivia y Uruguay, quienes criticaron conjuntamente la política de recaudación de peajes de Argentina.
La intensificación de los controles aduaneros en los barcos paraguayos se interpreta como la respuesta decidida de Argentina al respaldo internacional que ha obtenido Paraguay. Este desarrollo indica un recrudecimiento de la crisis bilateral y plantea preguntas sobre el futuro del comercio y la cooperación entre estos dos vecinos sudamericanos.
Como parte de su respuesta, Argentina ha anunciado una reestructuración de su agencia de aduanas bajo el liderazgo de Óscar Orué. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la capacidad del país para hacer cumplir eficazmente las regulaciones aduaneras y garantizar que el proceso de recaudación de peajes funcione sin problemas.
El gobierno de Alberto Fernández se queja que gracias a sus menores costos laborales e impositivos, la flota paraguaya se queda con casi todo el transporte en la vía fluvial, mientras que a la Argentina le queda el costo de mantener la Hidrovía dragada y balizada.
En ese marco, luego de los cruces entre el ministro y candidato Sergio Massa y Santi Peña, la Aduana argentina desplegó este sábado un equipo de Control Fluvial junto a agentes de Prefectura para inspeccionar a fondo el material transportado por buques paraguayos -incluso con perro anti droga-, generando la previsible molestia de la administración de Peña.
Guillermo Michel, director de Aduanas argentino, y su entonces par de Paraguay, Julio Frutos, habían firmado en enero un acuerdo para reforzar los controles en la ruta fluvial, aunque el contexto era otro: todavía gobernaba Mario Abdo y la cuestión del peaje no estaba instalada con fuerza en la agenda política paraguaya. Un detalle no menor es que Frutos fue desplazo días atrás de su cargo, como confirmaron a LPO fuentes del gobierno paraguayo.
Para el Ejecutivo de Peña, el endurecimiento de los controles aduaneros es la respuesta argentina a la reunión de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) que tuvo lugar esta semana en Santa Cruz de la Sierra. Allí, la delegación paraguaya sumó el apoyo de Brasil, Bolivia y Uruguay al rechazo del cobro del peaje “unilateral” por parte de las autoridades argentinas. Mientras Argentina insistía en que se trataba de una cuestión técnica, Paraguay instalaba un debate más político.
Orué llegó a decir que la evasión por el contrabando de cigarrillos, un ilícito estrechamente vinculado a Cartes, no causaba ‘daño patrimonial’ al Estado.
Paraguay logró así que Argentina se abriera a la posibilidad de discutir el levantamiento de la tarifa en una reunión especial de la CIH, aunque ese paso esta vinculado al dictamen de una comisión por crearse. Es un éxito relativo para Peña, quien recientemente anunció el fin del peaje tras reunirse en Asunción con Sergio Massa, desmentido horas después por el titular argentino de Transporte, Diego Giuliano.
Peña se adelantó a la tensión que podía producirse con el peaje y fusionó las áreas de aduanas y tributación, bajo el mando del exsubsecretario de Tributación, Óscar Orué, que ahora unifica en la Dirección de Ingresos Tributarios, la Gerencia de Impuestos Internos y la Gerencia de Aduanas.
El gobierno le dio margen de acción a Orué para rediseñar la Dirección de Ingresos Tributarios de acuerdo a las necesidades de la nueva administración. Una de las primeras decisiones fue desplazar a Frutos y nombrar a Juan Olmedo como gerente del área de Aduanas en el súperorganismo. Olmedo es un funcionario experimentado y perfil destacado.
Fuente: La Política Online
