Pablo Seitz Ortiz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ratificó que un funcionario público no puede ser proveedor del Estado, refiriéndose al caso del fiscalizador de colectivos de la Dinatran, Sabino Guerrero, quien ganó la multimillonaria licitación para servicios publicitarios con la Municipalidad de San Lorenzo por G. 600 millones.
“Si el proveedor es una unipersonal no importa su nivel de relacionamiento con el Estado, porque es una cuestión de compatibilidad de tiempo. Si era una sociedad anónima, propiedad del contratado, vaya y pase el análisis por lo menos, pero si es una persona física contratada y por otro lado esa persona física provee como empresa unipersonal, no hay forma de que sea considerado de buenas a primeras como válido eso”, refirió Seitz.
Para el titular de la DNCP, el Comité de Evaluación de la Municipalidad de San Lorenzo debió hacer por lo menos un análisis del tiempo invertido para proveer de los servicios requeridos. “Se pusieron en una complicación enorme los del Comité, si o si vamos a tener que investigar eso”, adelantó.
Indicó que debido a que el funcionario se desempeña como verificador de unidades de transporte, no podrá cumplir con lo solicitado en el llamado. “Cuando nosotros abrimos una investigación de este tipo de casos, si o si se le pide a la máxima autoridad de la institución del funcionario contratado, que pase detalle de sus funciones, para saber su disponibilidad de tiempo”, señaló.
SANCIONES
En caso de confirmar las irregularidades la DNCP podrá anular el contrato de la adjudicación e incluso sancionar a la empresa individual proveedora del Estado imposibilitándola de contraer contratos públicos de vuelta por un plazo de entre tres meses a tres años.
Igualmente, todos los antecedentes del caso serán enviados a la institución en la cual el contratado presta servicios para determinar si lo que hizo en carácter de proveedor es o no un impedimento para la ejecución de su contrato y si amerita o no una sanción como contratado que puede derivar en una cancelación del contrato del mismo.
“Cuando no hay competencia en las licitaciones, ya todo huele mal. Hay muchísimos casos de este tipo de licitaciones analizadas y casi siempre terminan con nulidad cuando hay presencia de funcionarios públicos que tienen que cumplir un horario y en forma personal adquieren un contrato con el Estado”, recalcó Seits, quien indicó que abrirán una investigación.
