El pasado 17 de noviembre de 2022, una investigación reveló que el hijo (Amílcar Fretes) del ahora exministro de la Corte, Antonio Fretes, recibió US$ 368 mil por sus servicios profesionales como abogado para defender a Kassen Mohamad Hijazi en su proceso judicial que afrontaba para evitar la extradición a los Estados Unidos. Amílcar Fretes no presentó facturas legales sobre esta operación a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). A pesar del hecho, el alto magistrado no se inhibió de participar en el caso.
Posterior a esto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió emitir una declaración solicitando a Antonio Fretes su renuncia al cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en salvaguarda del esfuerzo realizado para mejorar la imagen del Poder Judicial, pero el mismo no se apartó del cargo. De esta forma, Fretes se retiró este viernes 10 de marzo luego de 21 años y cuatro meses, mientras asumía un 22 de noviembre del 2001.
IMPUNIDAD
Antonio Fretes, de 75 años, fue presidente de la CSJ durante cinco periodos, y a pesar de haber sido denunciado en varias oportunidades, haber construido un esquema de poder e influencia, y contar con numerosos vínculos que lo relacionan con hechos irregulares que nunca fueron investigados, su salida se enmarcó en la impunidad total y en escandalosos cuestionamientos que no lo movieron ni un ápice a siquiera plantearse renunciar a su lugar.
En este contexto, luego de la declaración unánime del pleno solicitando a Fretes su renuncia, a este pedido se sumó la Cámara de Senadores, la cual había aprobado un proyecto de resolución por el cual instaba a Fretes, ministro y presidente con permiso a renunciar al cargo. Incluso, Mario Abdo Benítez, presidente de la República, había instado a Fretes a dejar el cargo; cabe recordar también, que tanto Santiago Peña, candidato presidencial, como el cartismo, no apoyaron el pedido de juicio político a Fretes a pesar del pedido de Arnoldo Wiens cuando anunció el pacto de unidad de cara a las próximas elecciones.
Para el senador Pedro Santa Cruz, uno de los periodos más nefastos de todo el sistema judicial fue durante la presidencia de Antonio Fretes. «Acoso, corrupción un equipo que trabajó para recaudar a nivel nacional, sus hijos, familiares, amigos, esto no puede quedar impune. El Fiscal General del Estado tiene que investigar todo lo sucedido. Fretes como todo corrupto, tiene que parar en la cárcel», declaró Santa Cruz.
Emiliano Rolón, como nuevo Fiscal General tiene a su cargo la investigación de las denuncias impulsadas por el senador Santa Cruz. «No tengo ninguna duda de que seguirán apareciendo denuncias. Hay demasiada gente a la que dejaron en la calle este grupo de corruptos que operaron en el apriete. Todos ellos deben ser procesados, Fretes y todo su entorno», expresó al respecto el senador.
PRESIÓN
Inclusive, posterior a estos eventos, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) realizó una actividad que consistió en una manifestación para exigir la renuncia de Antonio Fretes. En aquella ocasión, Esther Roa, presidente de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), informó que llevaron un cajón fúnebre y cruces en señal de que la justicia en nuestro país estaba muerta. La misma, enfatizó que se produjo prácticamente una provocación de Fretes al no acatar la solicitud de renuncia de sus propios compañeros.
«Antonio Fretes es una persona de mucha cintura política. Prácticamente estuvo más de dos décadas siendo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Hizo muchos favores a muchos políticos de la Corte. Es por eso que no prosperó el juicio político en su contra porque tiene a todos atrapados. A cada uno le dio algo. A cada persona que se le acerca, de cada 10 a uno le da algo. Tiene atrapados a los políticos y por otro lado, a la empatía de la gente», manifestó la referente.
CÓMPLICES
El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), lamentó el fracaso del intento de juicio político a Fretes. Aquella votación, cabe recordar, no reunió los números necesarios durante una sesión extraordinaria de finales del mes de noviembre de 2022. «El señor Antonio Fretes debió ser destituido en el juicio político. Los que lo salvaron saben que son cómplices de un corrupto que debe estar en la cárcel», sentenció el legislador, reflexionando acerca del daño que hace la corrupción en un país como el nuestro, donde, según afirmó, se han normalizado ciertas situaciones penosas a la hora de manejar recursos públicos.
«Muchos se enriquecen en cargos públicos y eso, lamentablemente, se ha normalizado. Hay que combatir las excusas de persecución política cuando se denuncian malos manejos de los recursos del Estado», expresó Acosta. En el caso Fretes, cabe rememorar, que el libelo acusatorio analizado en la Cámara de Diputados, básicamente, apuntaba al mal desempeño de funciones.
De dicho exministro de la Corte, varios parlamentarios opinaron que ha perdido toda credibilidad luego de conocerse el contrato firmado entre su hijo y Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, acusado por delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Transcurrido un tiempo de aquel intento de juicio, siguen apareciendo hasta la fecha irregularidades en torno al extitular de la CSJ.
TERNA
A todo esto, el Consejo de la Magistratura ya estaría remitiendo la terna para el nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la próxima semana. Una vez remitida la terna, la Cámara Alta deberá seleccionar a uno de los integrantes de la lista y debe ser remitido al Poder Ejecutivo para prestar su acuerdo correspondiente, y así nombrar al nuevo ministro de la Corte. Mientras, el ministro Alberto Martínez Simón, vicepresidente primero, asumió la presidencia interina.
Sobre este punto, el senador Santa Cruz alegó que van a elegir a los mejores candidatos. «El sistema judicial tiene que mejorar, es una cuestión de seguridad jurídica y vamos a apuntar siempre en ese sentido», indicó al respecto.
Es menester recordar, que el proceso de selección para la elección de la terna fue interrumpido por sospechas de fraude en el examen de conocimientos a postulantes que fue realizado el 15 de febrero. Posteriormente, el 18 de febrero el Consejo resolvió anular este examen y la nueva fecha para la prueba de conocimientos quedó fijada para el jueves 23 de febrero, lo que obligó a modificar el calendario inicialmente fijado para las audiencias públicas que finalizaron esta semana.
