La calidad de la representación popular en las cámaras del Congreso es un tema que tiene preocupada a la ciudadanía desde hace años. Hasta el 3 de febrero de 1989, día en que se puso fin a una dictadura de 34 años, se sabía que el Poder Legislativo era un producto directo de elecciones direccionadas para dar mayoría absoluta a Stroessner, al Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, la trilogía que nos gobernó durante esas tres décadas y media. El Congreso era una verdadera escribanía que “autenticaba” todas las decisiones emanadas del Poder Ejecutivo.
Pensamos que con la transición, aquel modelo fascistoide se acabaría y abriríamos las puertas a una era en la que la representación popular recuperaría soberanía y, sobre todo, adquiriría la calidad que todos esperábamos de nuestros legisladores.
Por un tiempo pareció que aquel sueño se estaba haciendo realidad, con nombres resonantes por su trayectoria política, su integridad personal y su superioridad intelectual. Pero en lugar de asegurar y acrecentar ese patrimonio, los cargos de congresistas fueron convirtiéndose en moneda de cambio para componendas políticas, pago de favores e incorporación a filas de disciplinadas tropas de calientasillas y levantamanos al servicio del caciquismo.
Cuando ya estábamos resignándonos a convivir con este modo de traición a la institución republicana vemos surgir otras formas de degradación. Un senador ligado a un apellido de rancia tradición colorada anunció su decisión de integrar el staff de un programa radial de contenido político. ¿Cómo? ¿Senador y periodista al mismo tiempo? ¿Legislador y columnista político? ¿En qué posición lo pone frente a sus colegas y, sobre todo, a la ciudadanía que lo ha elegido y que le paga un sueldo para defender la República, velar por la vigencia de la Constitución y cuidar la calidad de las decisiones que se toman desde el Gobierno ejerciendo sus ocho atribuciones exclusivas?.
Los miembros del Congreso deben dedicar en exclusividad su tiempo a cumplir con sus deberes específicos. No tienen autorización para otra actividad que no sea la legislación o “el ejercicio parcial de la docencia y el de la investigación científica”.
Perifonear en un programa político no entra en esas atribuciones. Así debe entenderse.
El otro camino es la renuncia a la banca. A partir de allí, tendrá vía libre.
Ambas cosas al mismo tiempo son incompatibles.
