La Cámara de Diputados tratará hoy, desde las 14 horas, el proyecto de resolución que formula acusación contra la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez a los efectos de la instauración del juicio político. Un sector de los impulsores denuncia que existen diputados que anuncian que votarán a favor, pero a la vez, están forzando el archivo.
El 24 de julio, la Cámara de Diputados celebró la primera sesión extraordinaria donde trataron el juicio político. Sin embargo, ante la falta de votos, las sesiones fueron postergando en reiteradas ocasiones. La primera semana fue postergada en tres ocasiones. La semana pasada, fue postergada en dos ocasiones. Se habla, de manera extraoficial, que solo faltaría el voto de la diputada liberal María de la Nieve López.. Además, quedan aún dos puntos del libelo acusatorio por debatir; el punto 10 que es la “Impunidad y corrupción en intendencias y gobernaciones”, mientras que el punto 11 se refiere a “otras inacciones”.
BUZARQUIS
Antonio Buzarquis, diputado por el PLRA, informó que la Cámara Baja se divide entre los que quieren llevar adelante el juicio y los que quieren mandar al archivo. Además anunció que desde la multibancada han decidido votar solo cuando tengan los números. La postura de Buzarquis y los demás legisladores de la multibancada es esperar un informe que vendría de Gafilat en el mes de septiembre, que habla sobre el aplazamiento del Ministerio Público en la asignatura de prevención de lavado de dinero. “Cuando Gafilat estudia el caso de Paraguay, nuestro país pasa raspando, con nota dos, porque algunas instituciones del Estado hicieron su trabajo, no así el Ministerio Público”, explicó.
Denunció que hay un grupo de parlamentarios que están muy apurados por votar, entre ellos unos “falsos positivos”. “Hay legisladores que dicen que van a votar a favor del juicio pero lo quieren es archivar y mandarlo al archivo para lograr su impunidad”, concluyó. Hugo Ramírez, diputado nacional por la ANR (oficialista), afirmó por su parte que existe un ambiente favorable para lograr la destitución de Quiñónez. “La gente debe entender lo que significa que una institución tenía los elementos para frenar un modelo de negocios que hace mucho daño al país y atenta a la seguridad jurídica y física de las personas”, comentó.
Sandra Quiñónez fue electa fiscal general en marzo del 2018. Su mandato vencerá en marzo próximo (le quedan ocho meses). En caso de aprobarse el juicio en Diputados (se necesitan 53 votos de entre 80 legisladores), pasa a la Cámara de Senadores donde se necesita 30 votos (de 45).
