POR BENJAMÍN FERNÁNDEZ BOGADO
CLARO SESGO AUTORITARIO
El Paraguay es un país acostumbrado a una larga tradición autoritaria. Es muy difícil no encontrar en períodos de gobierno del Paraguay en donde el Poder Ejecutivo no se haya creído por encima de los demás poderes, y todavía no tenemos una memoria en la que hayan coincidido los tres poderes del Estado en una misma dirección, en donde no hay checks and balances, como se dice en inglés; no hay contestación y balance del poder, y en donde el poder tiene la concepción de que puede hacer lo que le da la gana, que no tiene límites, que puede emprender contra cualquier persona o empresa haciendo imponer la lógica de lo que tiene como elemento diferencial de nosotros: la potestad, la potestad de poder hacer lo que le cante y no aquello que le dice la norma.
Esta introducción viene a cuento de la suspensión a una cadena de supermercados Biggie, con más de 200 locales, porque encontraron cinco mercaderías que se encontraban en sus góndolas para ser vendidas y que ya habían expirado su tiempo. Esta empresa contrata más de 450 mil productos y emplea también a una cantidad importante de personas, pero lo trascendente aquí es por qué el gobierno toma una decisión de este tipo altamente costosa para adentro y para afuera. Para adentro, porque le dice a todos sus críticos: así los vamos a tratar, porque tenemos hoy no solo mayoría en el Congreso sino que también la Justicia está de nuestro lado; ella nunca nos va a decir que estamos equivocados y que nos sobrepasamos en nuestra capacidad. El Ejecutivo, a punto de cumplir dos años, tiene una deriva claramente autoritaria. Ha enviado el mensaje a la sociedad paraguaya diciendo: vamos por todos aquellos que se ponen frente a nosotros.
A la clase empresarial paraguaya, diciéndoles: no se pongan frente a nosotros que los aplanaremos; y hacia el exterior, de que este es un país donde el poder político no tiene contrapesos, que nadie realmente tiene la capacidad de poder enfrentar sus excesos y arbitrariedades. El gigante dormido que quiere levantar Peña no es otro que el gigante autoritario que habita en las pequeñas mentes enfermizas de algunos que se llaman demócratas.
IRRESPONSABILIDAD SIN COSTOS
Una cantidad de accidentes de tránsito se ha dado en los últimos meses debido al mal estado de nuestras rutas y de nuestras calles. Los intendentes y el Ministerio de Obras Públicas son los responsables. Deberíamos tener más acciones de personas afectadas en contra de ellos para forzar, por lo menos, una preocupación judicial que repare el notable daño físico y personal en términos económicos que esto supone.
Hasta ahora no hemos visto jamás una decisión de la Justicia que imponga sanciones ejemplares a los mandatarios del poder en democracia, que les diga: usted no tuvo en consideración el mantenimiento de esta calle, de esta avenida, de esta ruta y, por lo tanto, debe asumir el pago de las consecuencias civiles que esto supone. Y, si son de causa penal, también.
Una buena manera de demostrar que realmente vivimos en un Estado de derecho es hacer que las acciones en el ejercicio del poder tengan consecuencia. Si finalmente les hemos puesto para hacer la tarea de administrar la cosa pública con nuestros recursos y no lo hacen, deben pagar las consecuencias de su incapacidad, ineptitud y complicidad.
APLAZADOS EN DD. HH.
Muchas de las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos suelen reflejarse en los informes que se dan a conocer anualmente por varias organizaciones. Y es también en donde se mide el grado de evolución que han tenido ellos a lo largo del tiempo en nuestra frágil y corta democracia. En la mayoría de los casos, los informes vuelven a subrayar que no tenemos una acción judicial eficaz que realmente responda a los parámetros legales establecidos en el país.
No tenemos un Ministerio Público que tenga la voluntad de emprender la acción rectificadora con acusaciones e investigaciones de hechos criminales. Todavía, en el Paraguay, el 1 % condenado es demasiado poco frente al 99 % que logra zafar de cualquier consideración o consecuencia de carácter jurídico, penal o civil. Es muy fácil: el Paraguay no puede excluir las responsabilidades ante la ley en nuestro país.
Y eso, si no cambia, veremos la imposición de la impunidad como norma, como característica de la sociedad paraguaya, y eso promoverá a la corrupción y a los corruptos, que se sentirán a sus anchas en un país en donde el criminal no paga sus consecuencias. Esta es una situación que debe cambiar. El Paraguay no puede seguir siendo tolerante con estos hechos si no estamos queriendo que derivemos en un país sin posibilidades concretas en términos económicos y también en términos de igualdad social.
Estamos desperdiciando un gran tiempo no haciendo lo que deberíamos en materia de justicia.
Periodista Senior