El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, pidió al Senado acelerar una ley de emergencia que permita incorporar al menos 600 médicos y cubrir el déficit generado por la reducción de la carga horaria. La previsional sostiene que la falta de profesionales ya presiona las urgencias y que nuevas reducciones previstas para septiembre pueden ampliar el problema.
¿Por qué el IPS reclama una ley de emergencia para contratar médicos?
El IPS plantea una salida legislativa ante una brecha de personal que, según sus autoridades, se profundizó con la aplicación de la Ley N.º 7137/2023, que establece la dignificación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos del sistema nacional de salud. La propia previsional incorporó en 2026 un plan gradual para aplicar esa reducción horaria.
El presidente del Consejo de Administración del IPS, Isaías Ricardo Fretes Zárate, sostiene que la reducción de horas debía ser acompañada por una estrategia de reposición de profesionales. Su argumento es que el sistema perdió cobertura en determinados turnos porque no existe suficiente disponibilidad de médicos para ocupar las horas liberadas.
La institución pretende que el Congreso habilite un régimen excepcional que permita acelerar las contrataciones. Fretes planteó que el objetivo inmediato es incorporar al menos 600 médicos, además de reforzar el plantel de enfermería, para evitar que la aplicación de la normativa laboral termine trasladando el déficit de personal directamente a los servicios.
La discusión no parte de cero. En junio, la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado había analizado un proyecto que declaraba la emergencia del IPS por problemas de medicamentos, infraestructura, equipamiento y falta de personal. Esa iniciativa fue posteriormente objeto de cuestionamientos y rechazo en comisiones, mientras se discutían alternativas para atender la situación financiera y operativa de la previsional.
¿Qué establece la normativa sobre la reducción de carga horaria?
La reducción de la carga horaria no constituye una decisión administrativa aislada del IPS. La institución la vincula expresamente con la Ley N.º 7137/2023, que estableció un nuevo marco para la jornada y la dignificación salarial de los médicos del sistema nacional de salud. La documentación oficial del IPS registra que durante 2026 se amplió el plan piloto para implementar gradualmente esa reducción.
El problema que ahora expone la previsional es de capacidad operativa: reducir las horas trabajadas por cada profesional no disminuye automáticamente la demanda de atención. Si las horas liberadas no son cubiertas por nuevos médicos, el efecto puede trasladarse a las guardias, consultas, cirugías y servicios de urgencias.
Según Fretes, en una primera etapa alrededor de 2.900 médicos fueron beneficiados por la reducción horaria, mientras una parte de los profesionales que dejaron de cubrir determinados turnos no volvió a ingresar al sistema en la misma proporción. El presidente del IPS advirtió además que durante septiembre se incorporará otro grupo de médicos al beneficio, lo que eleva la presión sobre la planificación de recursos humanos.
El gerente de Salud del IPS, Derlis León, explicó que el proceso de reducción de carga horaria comenzó hace más de un año y que en marzo de 2026 más de 2.500 médicos fueron alcanzados por la medida. Añadió que todavía existe otro grupo superior a 2.000 profesionales que debe incorporarse progresivamente al esquema.
La cuestión jurídica, por tanto, consiste en compatibilizar dos objetivos: garantizar el cumplimiento de la legislación sobre jornada médica y, al mismo tiempo, mantener la capacidad asistencial de una institución que presta servicios a millones de asegurados.
¿Dónde está el principal déficit de personal del IPS?
La falta de profesionales no se limita a los médicos. La administración del IPS también identifica un déficit importante de enfermeras y enfermeros, particularmente en hospitales de alta demanda.
León señaló que entre el Hospital Central y el IPS Ingavi se requieren más de 600 profesionales de enfermería. Según explicó, las renuncias están relacionadas con los niveles salariales y con la existencia de otras alternativas laborales dentro de Paraguay y en el exterior.
En el caso médico, Fretes puso como ejemplo la diferencia entre la remuneración y el nivel de especialización requerido. Afirmó que una enfermera del IPS puede percibir alrededor de G. 2,8 millones, mientras un médico especialista en hemodinamia puede ubicarse en torno a G. 4,5 millones. Estas cifras corresponden a las declaraciones del titular de la previsional y no fueron presentadas como una escala salarial general para todo el personal.
El problema adquiere otra dimensión cuando se analiza la disponibilidad de especialistas. El IPS recibió en julio a 14 médicos extranjeros que iniciaron residencias en distintas áreas, entre ellas anestesiología, cirugía general, emergentología, ginecología y obstetricia, medicina interna y terapia intensiva. La propia institución señaló entonces que fortalecer el talento humano era una prioridad para responder a las necesidades del sistema.
La administración también enfrenta restricciones para incorporar determinados perfiles. Fretes mencionó el caso de médicos jubilados que continúan activos y de profesionales extranjeros que ya trabajan en Paraguay, pero cuya contratación por parte del IPS estaría limitada por el marco legal vigente.
Ese punto convierte la discusión sobre la emergencia en algo más amplio que una autorización presupuestaria: también plantea si el régimen de contratación pública permite utilizar con rapidez el capital humano que ya está disponible en el mercado.
¿Qué puede cambiar una excepción legal para el IPS?
El antecedente legislativo más cercano muestra que una declaración de emergencia puede otorgar herramientas extraordinarias para acelerar procesos que normalmente requieren más tiempo. El proyecto analizado por el Senado en julio contemplaba facultades para adquirir medicamentos, insumos y equipamientos de manera directa, además de contratar con carácter urgente personal médico, paramédico y de apoyo.
La propuesta discutida en el Senado también incluía un régimen excepcional de contrataciones públicas y mecanismos financieros específicos. Sin embargo, la Comisión de Hacienda posteriormente rechazó proyectos de emergencia para el IPS y abrió una discusión sobre la situación financiera de la institución y las medidas estructurales necesarias.
La nueva urgencia planteada por Fretes está concentrada en recursos humanos. Según el titular del IPS, los rubros necesarios para las contrataciones ya estarían contemplados en el presupuesto institucional y la medida no requeriría, bajo su planteamiento, un desembolso extraordinario.
Esto será uno de los puntos que el Senado deberá evaluar si la iniciativa avanza: no basta con determinar cuántos médicos necesita la previsional; también debe establecerse bajo qué régimen serán contratados, por cuánto tiempo, con qué remuneración, qué partidas financiarán los vínculos y qué controles se aplicarán.
Desde la perspectiva de gestión pública, una excepción puede resolver una restricción inmediata, pero no necesariamente el problema estructural de remuneraciones, retención de especialistas y planificación de turnos.
¿Qué riesgo enfrenta el IPS si no repone los profesionales?
El riesgo más inmediato es asistencial. Si la reducción de horas continúa sin una reposición equivalente de profesionales, la institución puede enfrentar una menor disponibilidad de médicos en determinadas franjas horarias, con mayor presión sobre las guardias y los servicios de urgencias.
Fretes describió precisamente ese escenario al señalar que existen servicios donde la cantidad de profesionales de guardia habría caído de 20 a 10 médicos. La cifra corresponde a un ejemplo presentado por el presidente del IPS para explicar la magnitud del déficit y no a una medición general de todos los establecimientos de la previsional.
El Senado ya reconoció durante el debate legislativo de este año que la falta de personal constituye uno de los problemas que afectan la cobertura asistencial del IPS. En marzo, durante una audiencia relacionada con observaciones de auditoría, se mencionaron limitaciones en la cobertura, escasez de profesionales en algunas especialidades y dificultades vinculadas con reducción de carga horaria, renuncias y restricciones presupuestarias.
El impacto también puede alcanzar la gestión financiera. Menor disponibilidad de profesionales puede aumentar la necesidad de tercerizar servicios, contratar prestaciones externas o ampliar mecanismos alternativos para cubrir determinadas especialidades. Al mismo tiempo, una política de contratación acelerada debe mantener controles suficientes para evitar que la emergencia se convierta en una vía permanente de flexibilización administrativa.
¿Puede el Congreso convertir la emergencia en una solución estructural?
La discusión sobre los 600 médicos llega en un momento en que el IPS intenta responder simultáneamente a problemas financieros, asistenciales y de gestión. En julio, Fretes había advertido ante legisladores que la institución atravesaba una situación financiera especialmente compleja y reclamaba medidas de fondo.
La previsional, además, ya autorizó en junio la presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas de su anteproyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2027, lo que coloca la planificación del personal dentro de una discusión presupuestaria de mediano plazo.
El desafío institucional será determinar si la emergencia se utiliza para cubrir una transición puntual o si termina reemplazando una política permanente de recursos humanos. La primera alternativa permitiría atender el déficit generado por la implementación de la reducción horaria; la segunda podría mantener al IPS en un ciclo de contrataciones excepcionales sin resolver la retención de especialistas.
Para el Congreso, la decisión también implica revisar el equilibrio entre derechos laborales, continuidad de los servicios públicos y sostenibilidad financiera. Para el IPS, la prioridad es evitar que la aplicación progresiva de la reducción horaria avance más rápido que su capacidad para reponer médicos y enfermeras.
La discusión, por tanto, no se limita a cuántos profesionales faltan. El punto de fondo es si la previsional puede adaptar su estructura de personal a una nueva regulación laboral sin deteriorar la atención y sin trasladar el costo de esa transición a sus asegurados.
¿Qué se juega el IPS con la decisión del Senado?
La solicitud de Isaías Fretes coloca nuevamente al IPS frente al Congreso por una cuestión que combina legislación laboral, presupuesto y capacidad de prestación de servicios. La institución busca una herramienta excepcional para contratar personal mientras avanza una reforma de la jornada médica que ya está en ejecución.
La respuesta legislativa determinará si el IPS obtiene margen para cubrir la brecha inmediata de médicos y enfermeras o si deberá buscar mecanismos administrativos dentro del marco vigente. En ambos casos, el resultado tendrá impacto directo sobre la continuidad de los servicios y sobre la capacidad de la previsional para cumplir sus obligaciones con los asegurados.
La discusión también deja planteada una cuestión de gobernabilidad: la reducción de carga horaria, la remuneración médica, la contratación de especialistas y el presupuesto sanitario forman parte de un mismo problema de gestión. Resolver solo una de esas variables puede aliviar la presión de corto plazo, pero no necesariamente evitar que el déficit vuelva a aparecer.
El Senado tiene ahora la posibilidad de definir el alcance de la excepción solicitada y, al mismo tiempo, exigir que cualquier mecanismo extraordinario mantenga trazabilidad presupuestaria, criterios objetivos de contratación y controles institucionales. En el caso del IPS, la emergencia puede ser una herramienta temporal; la planificación de sus recursos humanos tendrá que ser permanente.
