Los abusos de autoridad por parte de efectivos de la Policía Nacional son convalidados por el mismo Ministerio Público, que imputa en base a simples informes o actas de procedimiento sin que se presente ninguna prueba. Este el caso de un trabajador de 38 años que hace cuatro meses está sometido a proceso a pesar de haber sido él víctima de agentes del Grupo Aldo, que trabajan a cargo de la Dirección de Policía de Asunción.
Todo empezó en la noche del 15 de mayo, cuando se dirigía a su vivienda en el barrio Sajonia de Asunción. El entrevistado, cuya identidad nos reservamos de revelar, comentó que él observa que de pronto sale una moto con dos hombres a bordo que lo empieza a seguir. En un momento dado los dos motociclistas se ponen del lado del conductor y encienden las balizas, y recién allí se percatan de que eran policías y se encosta.
Un policía de forma prepotente le exigió que descienda del rodado luego de haberle entregado todos sus documentos y demostrado que todo estaba en regla. Eran aproximadamente las 20:30. Cuando el conductor le pidió explicaciones del motivo de su detención, el otro agente ingresa al vehículo por el lado del conductor y empieza a revisar todo en su interior, mientras otro intenta sacarle la llave, a lo que él pide explicaciones y es amenazado.
En ese momento tranca las puertas, por temor a que le implante drogas, y observa que a dos cuadras había una patrulla estacionada, y quiso llegar hasta ellos para pedir ayuda porque lo estaban extorsionando. De los nervios y el miedo no pudo avanzar, se subió a la vereda el rodado y se quedó allí.
En instantes comenta que llegan los policías a los que él quería pedir auxilio, y ya entre cuatro rodean su vehículo y lo encañonaron con pistolas calibre 9 milímetros. Temiendo por su vida, baja del auto con las manos arriba y es arrojado al suelo.
Los uniformados empezaron a patearlo hasta el cansancio, provocando lesiones en el rostro y hasta dos costillas rotas.
MENTIRAS
Cuando llegaron a la Comisaría Octava de Asunción, presentaron al nuestro entrevistado como un hombre que estaba violando la cuarentena, cuando en ese momento la restricción de circulación era hasta las 21.00, y que se había resistido a un arresto. Pero el hombre no había cometido ningún hecho punible ni era sospechoso para ser abordado por los uniformados, como exige el Código Procesal Penal.
En el informe los agentes que lo retuvieron y lo depositaron en la delegación informaron que la detención ocurrió a las 21.10 sobre las calles Pizarro y San Fernando, sin embargo el defendido sostiene que ocurrió antes de ese horario. Además, la cámara de vigilancia de una casa ubicada en Pizarro y Concejal Vargas de Chávez se observa que la moto sigue al auto y marcaba 20:12 (pero se observa 21:12 porque según el dueño era hora de verano), por lo que no pudieron tardar una hora en recorrer un par de cuadras.
También se mencionó que el mismo estaba alcoholizado, sin embargo no fue sometido a prueba de alcotest o alcoholemia. Y además, ya en la comisaría se percató que le había quitado su billetera, y cuando solicitó que lo devuelvan se dio cuenta que le falta G. 1 millón. “Todas mis tarjetas y demás documentos se encontraban fuera de lugar. También verificó la plata que tenía y de los 1.325.000 que tenía aproximadamente sólo encontré 325.000”, comentó.
COIMA
Por si no fuera poco, golpearlo, amenazar con un arma, robarle dinero y romperle una costilla, los policías exigían G. 5 millones para no pasar la “causa” al Ministerio Público. Pero la familia solo logró juntar en ese momento G. 3 millones, por lo que finalmente informaron a la fiscala de turno.
IMPUTACIÓN RÁPIDA
Esa noche y madrugada dos veces llevaron al trabajador al Hospital de Barrio Obrero, le hicieron una placa de tórax y le aplicaron calmantes, pero nunca fue revisado por un médico, sólo por enfermeros. Con los dolores, en la mañana del sábado lo llevaron a la Fiscalía, y su abogado solicitó criterio de oportunidad.
Sin embargo, la fiscala Mercedes Cañiza hizo caso omiso al pedido, y basándose solamente en el informe policial de cuatro agentes que habían roto una costilla a un hombre, ella imputó a la víctima por resistencia y violación de la cuarentena.
Y para colmo, el Juzgado Penal de Garantías, casi como pasamanos de policías y fiscales, otorga arresto domiciliario al hombre que ya se queda sin poder trabajar.
PARADO
La causa en el Ministerio Público sigue igual, pues aunque el trabajador ya presentó evidencias de lo que los policías del Grupo Aldo le hicieron, la fiscala Cañiza sigue sometiendolo a proceso.
Además, se abrió una investigación en la Dirección de Justicia Policial, pero también de forma lenta y aunque ya pasaron cuatro meses del hecho, Asuntos Internos no termina su investigación.
AGENTES DEL GRUPO ALDO
Según la denuncia presentada por la víctima, los uniformados que realizaron el procedimiento son el suboficial primero Ángel Alcaraz, suboficial primero Aurelio López, suboficial ayudante Richard Rojas, y el suboficial ayudante Néstor Romero.
