Muchos han sido los momentos y medios de comunicación que se han tratado a la prolongada, dura y sangrienta crisis socio-políticas de Venezuela, igualmente innumerables ya han sido las discusiones diplomáticas sobre el asunto, reuniones, declaraciones e incluso yo, más allá de ser venezolano, como analista de la dinámica internacional me he visto en la obligación de abordar la problemática desde alguna de sus aristas. En fin, mucha tinta ha corrido sobre el dilatado problema y no se vislumbra ni remotamente solución alguna.
Ahora bien, en esta ocasión no aludiré ni a las razones históricas del problema (Chávez y su modelo castro de Cuba), o a las variables institucionales (pretorianismo neocomunista), tampoco a los desajustes geopolíticos tras la penetración de potencias extra-regionales como Rusia, China e Irán, ni a sus efectos en materia de seguridad hemisférica propios de un narco-Estado ergo forajido o chacal. Esta vez me referiré a la parte más vulnerable de la crisis: las personas.
Resulta que a lo largo de la tragedia venezolana, alrededor de 5 millones de personas salieron del país y se diseminaron en su gran mayoría por Suramérica, generando grandes nodus de concentración de personas en Colombia, Ecuador y Perú. Con el advenimiento de la pandemia del virus chino, las cosas empeoraron aún más para los desplazados venezolanos, quienes continuaron su peregrinaje a las tierras tras- andinas.
Ahora bien en términos conceptuales, los migrantes venezolanos no son migrantes comunes, son desplazados de un largo conflicto político-institucional y socio-económico sin precedentes en la región, tal vez, muy similar a la masiva huida de cubanos del puerto de Mariel durante la década de los ochenta.
El presidente de Colombia, Iván Duque ha sido el hombre que más cabalmente ha entendido la dimensión de la situación y ha dado el mayor de los esfuerzos por parte del Estado colombiano para atender a mis hermanos, otorgándoles el merecido estatus de Protección a los refugiados venezolanos, hecho que le ganó el elogio de las autoridades de la ACNUR y el infinito agradecimiento de millones de venezolanos.
Paradójicamente, otro gobierno de Sebastián Piñera de igual talante democrático e incluso centro-derechista como el de Duque y ambos muy activos en el Grupo de Lima, ante la misma problemática optó por una medida no sólo criticable, sino en franco divorcio con el derecho internacional humanitario, es decir, desconoció la realidad tratando a los desplazados venezolanos que se encontraban en Iquique como indocumentados o inmigrantes ilegales, razón por la cual deportó un primer grupo en un vuelo militar a Maiquetía (Venezuela). Y desde aquí mi condena a tal medida, la cual, hago extensiva a su Embajador ante el Paraguay, Don Rodrigo Pérez, a quien le rugo eleve a su gobierno un pedido de dar un trato más humano a mis connacionales.
