Participaron René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores, Crismilda Espinoza y Francisco Pereira, encargada de despacho y director financiero, ambos de la Seprelad. Carlos Arregui, titular de la Seprelad no pudo acudir, debido a que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para un plenario de la Gafilat sobre el combate al lavado de dinero justamente.
El encuentro se produjo debido a las declaraciones de Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, quien denunció el pasado jueves a Horacio Cartes, expresidente de la República, de traficar cigarrillos.
CONFERENCIA DE PRENSA
Durante la rueda de prensa, el vicepresidente anunció que no plantearon cuestiones específicas durante la reunión, sino más bien, debatieron sobre las fortalezas y debilidades que tienen estas instituciones para el control del lavado de dinero.
“Les pedí que presenten un proyecto de ley a fin de mejorar la política de control con relación al lavado de dinero. Sobre todo, establecer un software, donde todo el sistema financiero pueda ingresar e incorporarse sin que dependan de que otras instituciones les faciliten los documentos”, comentó.
CUESTIONAMIENTOS
El segundo del Ejecutivo insistió en reiteradas ocasiones en la cuestionada labor del ministerio Público. Esto, en coincidencia a los rumores de juicio político contra Sandra Quiñonez, fiscal general del Estado, que cobraron fuerza en las últimas horas.
“Lo que encontramos acá es la nula actuación de la justicia y del ministerio Público de impulsar control del lavado de dinero proveniente del contrabando. Tenemos condenados por hechos de corrupción, pero no de hechos precedentes al lavado de dinero”, criticó.
Al ser consultado sobre los rumores de juicio político contra Sandra Quiñónez, afirmó que todavía no lo han analizado con detenimiento. Adelantó que primero se reunirá con Abdo Benítez, presidente de la República para debatir esa cuestión, antes de reunirse con los diputados de la bancada oficialista.
CONTEXTO
El pasado jueves 3 de febrero, Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional. En la ocasión, expuso los logros del Ministerio del Interior y volvió a acusar a Horacio Cartes, expresidente de la República, de traficar cigarrillos. Fue convocado tras la intención de diputados cartistas de destituirlo vía juicio político por críticas hacia su gestión. Durante su defensa, denunció que Tabesa, empresa de Cartes, declaró que entre el 2013 al 2018, realizó ventas por US$ 1,1 billones, solo a nivel local. Mientras que las exportaciones fueron por US$ 43 millones. En otras palabras, puso en duda de que todos esos ingresos fueran producto de la venta legal del tabaco, atendiendo las sumas multimillonarias no propias para un mercado de solo 7 millones de personas como el de nuestro país.
