Darío Arámbulo
@derryarambulo
Tras la muerte de dos niñas de 11 años durante un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ayer el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Procuraduría General de la República del Paraguay y el Instituto Paraguayo del Indígena presentaron una denuncia penal por el reclutamientos de niños, niñas y adolescentes, además de personas de comunidades nativas.
Los hechos punibles por los cuales el Estado denuncia a los líderes de la banda de secuestradores son: Trata de personas con fines de trabajos forzosos, traslado ilícito de un país a otro, sustitución de identidad que violan las leyes de adopción y captación de indígenas para trabajos forzosos.
“Pretendemos que aparte del grupo criminal, que se está investigando en distintas instancias por los distintos hechos que cometieron, se dé un énfasis especial a la investigación de la situación de niñas, niños y adolescentes que puedan estar en ese lugar y por separado de lo que es el orden público. Desde el momento que salió a la luz, estamos en la posición de apoyar y ampliar el proceso de investigación que se ha iniciando por el Ministerio Público. Estamos en la obligación de promover todas las acciones necesarias para ello”, mencionó la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez.
Se entiende claramente esta reacción del Estado ante la escandalosa muerte de dos niñas, aunque claramente existen evidencias y testimonios de la presencia de menores de edad en la organización, incluso antes del 1 de marzo del 2008 cuando se “funda oficialmente” el EPP, pues según investigadores de Antisecuestro el actual comandante Osvaldo Daniel Villalba Ayala ingresó a la banda a los 17 años, en el año 2000, antes del plagio de María Edith Bordón de Debernardi.
“Lamentamos, por parte del gobierno y como ciudadanos paraguayos, la muerte de dos niñas, pero tenemos que ser conscientes de que estas niñas no estaban en un campamento de diversión; estaban en un campamento de un grupo armado del crimen organizado”, dijo el procurador Sergio Coscia.
Esta sería la tercera muerte de un niño, niña o adolescente que se da como parte de un enfrentamiento entre la FTC y grupos armados, pues el 19 de setiembre del 2014 en un enfrentamiento entre las fuerzas públicas y la Agrupación Campesina Armada (ACA) fue muerto Andrés Fernández López, de 15 años de edad.
CAMBIAR LA REALIDAD
La ministra Teresa Martínez dijo que no se puede seguir permitiendo esta realidad, donde los líderes del EPP reclutan a sus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o vecinos para formar parte de la lucha armada y que los expongan a situaciones trágicas.
“Abogamos para que estos niños que están en el poder del EPP, sean devueltos a la sociedad y que puedan llevar una vida que lleva cualquier niño; en la escuela, jugando con su familia, y no siendo entrenados para ser criminales, eso es lo que no podemos seguir permitiendo de ninguna manera”, dijo Martínez.
Por su parte, el procurador Sergio Coscia recordó la victoria del Estado paraguayo contra la demanda de miembros fundadores de la organización ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ya fueron declarados como criminales comunes”, recordó.
En ese sentido agregó que la realidad es que niños, niñas y adolescentes “están siendo secuestrados en su niñez, en su futuro y están siendo sometidos contra su voluntad y sin discernimiento, a ser criados como criminales.”
BRIGADA INDÍGENA
Uno de los hechos llamativos también es que entre los archivos incautados del campamento del EPP, se encontraron imágenes que confirman
una nueva columna de la banda armada denominada “Brigada Indígena”. Este dato había surgido en julio del 2019 tras un ataque a la estancia Ñandu´i, ubicado en la zona de Ara Roké, departamento de Amambay.
“Cuando hablamos de nuestros pueblos indígenas, hablamos de gente pacífica, de gente trabajadora”, dijo el presidente del INDI, Edgar Olmedo, quien adelantó que van a facilitar todos los datos necesarios para que la investigación pueda determinar cuáles son las comunidades indígenas que se encuentran en la zona de influencia del EPP.
INVESTIGACIÓN PENAL POR MUERTES
Por su parte, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público anunció que la agente fiscal Silvia Cabrera intervendrá en la indagación de los hechos relacionados a la muerte de las dos niñas.
De esta manera se suma al equipo de fiscales que indagarán las circunstancia del enfrentamiento, de la muerte de las niñas, y lo que ocurrió posteriormente con los cuerpos de las víctimas.
