El ejemplo extremo que nos llega desde El Salvador
“Cuando se empezó a hablar en el mundo de una posible vacuna, nosotros decidimos empezar a hablar con los laboratorios que estaban en su fase inicial de investigación”. Esto anunciaba a fines de 2020 el presidente de El Salvador. A principios de abril pasado, su ministro de Salud confirmaba la disponibilidad de 1.300.000 vacunas Covishield, AstraZeneca/Oxford y CoronaVac que permiten encarar la inmunización de la población objetivo. El plan se consolida con el último paso dado por el presidente Nayib Bukele al cerrar trato con Pfizer BioNTech por 4,4 millones de dosis. Con esta perspectiva, El Salvador está en condiciones de alcanzar la inmunidad comunitaria antes de fin de año. Esto hizo decir al representante local de la OPS que “El Gobierno de El Salvador da un gran ejemplo de cómo la gestión les ha permitido adquirir dosis adicionales y asegurar que una mayor cantidad de población pueda tener acceso a la vacuna”.
¿Es así, un modelo de gestión digno de ser copiado el de El Salvador? Veamos. El país acaba de salir de unas elecciones legislativas con las cuales Bukele copó el Parlamento logrando mayoría propia. La BBC informaba, tras conocerse los resultados, que el triunfo “le asegura a Bukele pasar leyes y aprobar presupuestos sin el contrapeso de la oposición y consiguientemente controlar prácticamente todas las ramas del gobierno”.
Dicho y hecho. Hace unos pocos días, ese parlamento aprobó la ley “para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de COVID-19″;. Esta ley no sólo le permite al Gobierno hacer compras directas saltando por encima de la ley de compras y adquisiciones (LACAP) sino que además fue seguida de un decreto que blinda a los funcionarios que puedan quedar envueltos en irregularidades por compras de insumos dentro de este nuevo sistema. En términos coloquiales, el sueño del pibe para funcionarios públicos, método elogiado, vale repetirlo, por la OPS/OMS.
Este ejemplo de El Salvador y su actual Gobierno puede llevar a deducir que, con la salud de la población como meta principal, cualquier camino es aceptable, incluido el de dotar a la política de poderes ilimitados e inconsultos, visión extrema y altamente peligrosa para la salud de la República y la perdurabilidad de sus instituciones.
