Comentario 3×3
Por Benjamín Fernández Bogado
El escándalo suscitado el en momento de la remoción de Romero Roa y la sustitución por Rivas, representando a la Cámara de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue visto como una movida política del movimiento de Cartes de colocar a alguien que desde adentro pudiera presionar contra los magistrados que no le sean dóciles, pero aquí que el escándalo tiene que ver con el propio Rivas, que al carecer de título de abogado, no puede estar sentado en dicho sitio y no pudo haber sustituido a Romero Roa, que sí es abogado.
Las investigaciones posteriores han mostrado la tremenda colusión y complicidad de las autoridades en cuestiones de este tipo. El Ministerio de Educación, que es el que valida los títulos, se encargó a través de su titular Petta, de darle el documento a pesar de la recomendación en contrario que había hecho el asesor anticorrupción de su ministerio y ex compañero suyo en la Fiscalía Casañas Levi, o aquí Casañas Levi debe marcharse porque no le hicieron caso y le hicieron el pito catalán, o tiene que marcharse Petta por haber permitido que los diputados no le condenaran por su mala acción al frente de la cartera, por la recomendación de esta misma Cámara de aceptar el título falso de Rivas como abogado.
Todo mal, especialmente cuando se trata, reitero, de un órgano que sanciona e investiga los magistrados en esta deteriorada justicia que tenemos y con mensajes de este tipo. Todavía la situación es aún peor. Estamos hablando de dos exfiscales Petta y Casañas Levi, que administrando la cuestión de la justicia tienen dos visiones completamente antagónicas que lo único que reafirman es la impunidad y la corrupción reinante en el país.
