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La intervención del Estado debe ser exactamente lo que necesite la sociedad en cada momento. Ni demasiado poco que lo vuelva intrascendente, ni demasiado mucho que lo ahogue.
Esta introducción viene a cuento, no por una cuestión filosófica, sino por una cuestión sencillamente práctica. Un grupo de camioneros dedicados a la tarea de carga se manifiestan en diferentes puntos del país en estos días solicitando la intervención del Estado en los contratos que ellos firman con las empresas graneleras fundamentalmente, que hacen el envío de sus granos desde los sitios de producción hasta los puertos.
Lo que los camioneros quieren es que haya una ley que garantice un valor exacto que ellos consideran justo para ese tipo de transacción comercial. Hay otros que les dicen, con mucha razón y con mucha racionalidad, que eso debe ser parte de un acuerdo privado, que así como existen granos que deben ser trasladados de un punto a otro, nadie les puede imponer que sean ellos los que lleven dicha carga si no llegan a un acuerdo en torno al monto que tiene que ser pagado por dicha tarea.
¿Por qué tendría que intervenir el Estado en algo que forma parte de un acuerdo entre quienes desean realizar el negocio de una a otra parte?, pero en el Paraguay tenemos varias leyes se sobreponen a otras mismas leyes que ya habían sido redactadas con anterioridad. Pero lo peor es que vamos a ver que esas leyes no se cumplen o no hay capacidad de llevarla adelante en su cumplimiento.
Tendríamos que encontrar fórmulas de acuerdo entre el sector del país y no intervenir al Estado, porque cuando el Estado interviene en el tema del transporte nos pasa lo que ocurre en el transporte público, donde les compramos a los transportistas sus unidades en un 30 % del valor de cada una de ellas y luego ellos hacen lo que les place.
Si nosotros no entendemos esta lógica y esta ecuación, podemos terminar cada vez más desorientados en el sentido de cuál es el verdadero propósito de la norma y el rol que debiera tener el Estado.
