Red extorsiva proveniente de las cárceles opera con total impunidad

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El mundo se mueve demasiado rápido y cada vez nuestros datos personales están más y más expuestos al uso de terceras personas que en ocasiones no tienen buenas intenciones. ¿Alguna vez pensaste en cuán importante es mantener tu privacidad? o ¿cómo reaccionarías si alguien en quien confiaste en algún momento parte de tu intimidad, te amenaza con sacarla a la luz?, y en el peor de los casos, de ser denunciado por acoso sexual a una menor de edad, víctima de un sucio juego, ¿qué harías para no ir a la cárcel?

El aumento del sexting, la creciente tecnología para grabar y difundir imágenes, la normalización de algunas actividades íntimas y la vulnerabilidad de nuestros aparatos electrónicos de uso diario, favorecen la sextorsión, uno de los ciberdelitos más comunes y con más crecimiento en el Paraguay, que no solo daña en lo económico, sino en la parte emocional y se convierte en un círculo vicioso que muchas veces no tiene un buen final.
El equipo del Independiente está haciendo un seguimiento a una red de ciberdelincuencia que proviene de las cárceles de todas partes del país, un problema del cual el Estado debe hacerse cargo para no seguir poniendo en riesgo a la población.

Uno de nuestros periodistas se hizo pasar por la supuesta víctima y pudimos percatarnos del modus operandi de estos criminales. Primeramente, eligen a una potencial víctima en las redes sociales, sobre todo Facebook, luego de un largo chat de Messenger, y una vez habiéndose ganado la confianza de la otra persona, que suele ser casado o figura pública, pasan a chatear en el whatsapp.

La supuesta chica empezó a enviar fotos íntimas a nuestro periodista y pidió lo mismo a este, luego de este intercambio de fotos comprometedoras, (la de nuestro periodista era falsa y todo indica que la de ella también) aparece una supuesta madre de la menor de edad con una amenaza de una denuncia policial, diciendo que tiene todas las pruebas, y posteriormente, llama un Comisario diciéndole que estaba acusado de acoso a una menor de edad y para evitar eventuales procesos judiciales o publicaciones periodísticas, debía girar una suma de dinero muy jugosa por billetera electrónica.

Cuando el equipo del Independiente paró la conversación con la supuesta menor y no accedió a los chantajes del supuesto comisario, por el contrario, contrarrestó el hecho diciendo que todo era parte de una investigación periodística, y que él sería denunciado, los extorsionadores borraron todos los mensajes de whatsapp.

Los números desde los cuales operaban son (0974)586-647 y (0975)198-318. Los audios del oficial son los siguientes: “Soy el suboficial primero Alcino Vera de la comisaría tercera de Encarnación, me gustaría hablar con usted por el caso de la menor, cuya mamá presentó una denuncia en contra de usted por acoso a través de las redes sociales. ¿Qué podemos hacer? porque en caso contrario voy a hacer mi trabajo y entregar esta denuncia a la fiscalía y los medios de prensa, tengo evidencia contundente, comuníquense conmigo lo antes posible”.

DESDE LAS REJAS
Una fuente cercana a anteriores casos, con el mismo modus operandi, que prefirió mantener el anonimato y resguardar su seguridad, nos comentó que la red que maneja estos hechos proviene de las cárceles y el hecho de que no se haya podido desmantelar, es una ineficiencia por parte del Ministerio de Justicia.

La pregunta es ¿cómo es posible que tras las rejas sigan teniendo señal, impresoras para los falsos reportes policiales, celulares, que sigan operando impunemente?
Afirmó que se necesitan equipos para bloquear las señales que salen de la cárcel. Muchos criminales llevan 25 años tras las rejas, se les hace un proceso por estos nuevos hechos y no es nada para ellos seguir con la sextorsión, el problema se debe cortar ya desde la raíz.
Existe un número donde se envían las fotos y otro desde donde se hace el chantaje, según nuestra fuente, ambos deben ser bloqueados y las telefónicas deberían colaborar con esto
“No hay cooperación del Ministerio de Justicia, las personas privadas de libertad siguen haciendo esto con normalidad y con todos los equipos para ello, y las víctimas por miedo giran la plata, cuando ya no pueden más de tanto que han sido extorsionados, entonces hacen la denuncia. En 2019 hubo 80 denuncias de este tipo y en 2020 más de 100”, señaló la fuente cercana a los acontecimientos.

¿QUÉ DICE EL MINISTERIO DE JUSTICIA?
Conversamos con Rubén Maciel Guerreño, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, para conocer qué se hace desde la cartera cuando estos hechos ocurren.
Acotó que cuando el Ministerio detecta que desde alguna penitenciaría se están realizando llamadas, se procede a realizar una requisa dirigida, además de hacer con el personal una revisión para ver que no sean cómplices porque un chip puede ingresar una persona que entra para una visita conyugal porque no hay cámaras, pero el equipo, el router entra en complicidad con los agentes penitenciarios, según sospechan.

“La solución ideal es la implementación de tecnologías que vigilen las llamadas que emergen y tengan la capacidad de bloquearlas. El año pasado tuvimos reuniones con el personal de las empresas prestadoras de servicio de telefonía celular con mediación de Conatel, identificaron 3 tecnologías que serían las más adecuadas para aplicar en los centros penitenciarios conforme a su ubicación urbana o rural, pero hay una suerte de talón de Aquiles porque las que están cerca de la frontera no pueden evitar que las personas privadas de libertad se enganchen con la señal de antenas de otro país, como sucede con Encarnación o Pedro Juan Caballero”, afirmó el viceministro.

Agregó que hace como un mes incautaron a un recluso aproximadamente 10 teléfonos celulares y tenía un router de Copaco. “Los allanamientos se ejecutan con un grupo que denominamos GRAP (Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios), aún más entrenados”. Expresó que están haciendo requisas aleatorias y no se les informa al director de la penitenciaría.

Según Guerreño es muy importante hacer la denuncia si están recibiendo llamada extorsivas de algún tipo, y si se comprueba que procede de una penitenciaría, el Ministerio hace requisas, pero ellos no tienen la competencia de pedir informes a Tigo, por poner un ejemplo, de cuántas llamadas se hicieron de la agenda que cubre la penitenciaría de Tacumbú, ya que la ley que reglamenta la prestación de servicios de telecomunicaciones tiene la cuestión de la confidencialidad muy presente.

El equipo periodístico de este medio está siguiendo el caso muy de cerca y la noticia será ampliada más adelante.

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