El proyecto fue primeramente analizado en comisiones donde se incorporó una modificación. Se trata de la prohibición de la exigencia del pase sanitario para concurrir a lugares de reunión o concentración, sean eventos masivos, públicos o privados; lo mismo que el pase sanitario para el ingreso al país, se trate de extranjeros o connacionales.
La modificación fue planteada por el diputado Basilio Núñez (ANR).
Jorge Brítez, diputado nacional Independiente y propulsor de la iniciativa, afirmó que el espíritu de la ley es quitarle la obligatoriedad a la ciudadanía del uso de las mascarillas. Sin embargo, advirtió que el uso seguirá siendo opcional.
EN CONTRA
Hugo Ramírez, diputado nacional oficialista, señaló que el uso del tapabocas es una disposición de Salud y que el virus es real.
“El uso del tapabocas debe ser obligatorio en el ambiente cerrado. También para personas que tienen problemas de Salud con enfermedades de base o que desarrollen casos graves. Por eso me opongo a que se derogue la ley en ambientes cerrados”, afirmó.
Señaló que Paraguay, desde el 2021 a lo que va del 2022, registra el ingreso de 3500 alemanes y se les da la bienvenida a todos, pero no puede declarar una anarquía que afecte a todo el país”, expresó.
“Nuestro sistema de Salud no aguantará un nuevo pico de la pandemia”, advirtió.
VERSIÓN ORIGINAL
Sebastián Villarejo, diputado nacional por el PPQ, se mostró a favor de la versión original del proyecto. Es decir, solo aprobar la derogación del uso del tapabocas. No así de la eliminación de la exigencia del pase sanitario para ingresar al país.
“Esta es una ley que nunca se aplicó. Quiero recordar que esta ley que estamos abrogando, condenaba a los que no usan tapabocas a multas, actividades sociales y más. Era una ley absurda que nunca se cumplió. En Derecho no podemos tener una ley que no cumple”, afirmó.
El diputado aclaró que el Ministerio de Salud aún así puede establecer que en sus dependencias sí sea obligatorio el uso de las mascarillas.
Con respecto al pase sanitario, afirmó que debe ser analizado también por Cancillería.
“El segundo tema es interesante, pero es necesario un debate, y no solo dictámenes de la Cámara Baja, sino también de Cancillería y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para evitar un problema de interpretación jurídica”, manifestó.
