Mario Abdo Benítez, presidente de la República, con la resolución 4452 aprobó el pasado viernes la concesión de la quiniela a la empresa Technologies Development of Paraguay SA (TDP), a pesar de una serie de irregularidades.
La firma pertenece a Diego Wasmosy, hijo de Juan Carlos Wasmosy, expresidente de la República (1993-1998). Entre las irregularidades que protagonizó la mencionada empresa se destaca el incumplimiento de pagos tributarios.
En concreto, la misma TDP SA, afirmó no haber cumplido los pagos del artículo 32 de la ley 431/73 «De pensiones a favor de los veteranos del Chaco». Y del artículo 19 de la ley 1016/97 «Del régimen para la explotación de los Juegos de Azar». Esto por considerarla inconstitucional. Sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) salió en contra de este pronunciamiento, obligando a la empresa a pagar estos cánones.
Hoy jueves, la Cámara de Senadores analizará un pedido de interpelación a José Ortiz, titular de la Comisión de Juegos de Azar (Conajzar). Esto luego de que el mismo no respondiera de manera satisfactoria los pedidos de informe solicitados por varios legisladores ante las irregularidades mencionadas.
Jorge Querey, senador nacional por el Frente Guasu, durante un conversatorio denominado “La Quiniela, Cumplimiento de Compromisos Legales y Derechos Laborales”, anunció esto y cuestionó, al mismo tiempo, que la firma que nuevamente fue adjudicada con la licencia del juego, haya protagonizado la falta de pagos de impuestos.
GARANTÍAS LABORALES
De forma paralela a estas irregularidades de TDP SA con el Fisco, se suman irregularidades en las condiciones laborales de la firma con sus mismos colaboradores (quinieleros).
Entre las irregularidades se destacan la reducción del porcentaje de ganancias para cada colaborador. Antes de la pandemia era del 25% sobre las ganancias diarias. Pero debido a la crisis económica que desembocó el virus, la empresa decidió reducir al 20%. Esto equivale a unos G. 15.000 de forma diaria y G. 500.000 de forma mensual para los trabajadores.
Así también existe el rumor de que habrá una nueva reducción. Esta alcanzará al 17% según informaciones que manejan los mismos quinieleros.
Haciendo un cálculo sencillo, de G. 500.000 por los 6000 quinieleros que trabajan en el país equivale a unos G. 3000 millones de ahorros para la firma de W asmosy (US$ 430.000).
SEGUROS MÉDICOS
Además de la reducción de ingresos, otro punto cuestionado es la falta de beneficios laborales. Al respecto, Magda Ortiz, corredora de la quiniela, instó a que se realicen modificaciones en la Ley 1016 para que se direccione parte del pago de la empresa a los seguros médicos.
“Queremos que un porcentaje de los pagos vayan destinados al Instituto de Previsión Social (IPS). Esto para que los trabajadores tengan seguro médico. Muchos son adultos mayores y tienen enfermedades”, expresó.
De los 6.000 corredores de quiniela que trabajan en el país, se estima que unos 1000 son adultos mayores. Los mismos, en su mayoría, dejaron de trabajar desde el mes de marzo con el inicio de la pandemia. Por consiguiente, dependen de sus familias para poder subsistir.
FORMALIZACIÓN
Estos trabajadores solo tienen contratos comerciales pero no laborales. Los mismos se celebran solo a nivel de agencias y no con la misma concesionaria. Esto hace que dichas agencias sean las responsables de los trabajadores y no la empresa que explota el servicio.
Cabe recordar que las agencias solo tienen el derecho del 3% de la recaudación que generan los quinieleros. Es decir, tampoco tienen un amplio margen de ganancias como para ser responsables de los trabajadores. Por ello, los quinieleros exigen el cambio en la ley para que se forma obligatoria se celebren los contratos laborales.
“El Ministerio del Trabajo se lava las manos para sacar una resolución. Ya que pedimos que se establezca la relación de dependencia ya en el 2007”, expresó en otro momento Ortiz.
DESPIDOS
Alicia Gutiérrez, corredora de la quiniela, denunció por su parte que los sindicalistas están siendo amenazados con no ser recibidos por la empresa TDP SA. Esto principalmente por participar de las manifestaciones en contra de la firma.
“A todo aquel que se une al sindicato, empieza a ser marginado”, denunció la trabajadora.
El gremio en cuestión es el Sindicato Nacional de trabajadores, vendedores de quinielas, de bingos, juegos de azar y afines del Paraguay (Sitranquiba). El grupo viene manifestándose a lo largo de la pandemia por las condiciones laborales que reciben.
MONOPOLIO
Finalmente, otro punto cuestionado por los quinieleros es que el artículo 107 de la Constitución Nacional. La misma prohíbe los monopolios.
Los trabajadores consideran que la falta de competencia es lo que posibilita que TDP SA tome decisiones sin previo consenso que afectan a los trabajadores como al mismo Estado.
Querey anunció que elaborará un proyecto para modificar la ley 1016 de los Juegos de Azar. Esto para rever las irregularidades mencionadas.
Además anunció que hará un seguimiento a los despidos y bloqueos de máquinas que sufrieron los sindicalistas.
Así también pedirá un dictamen de la Justicia sobre el monopolio que existe en el juego de la quiniela.
