La Cámara de Senadores en una sesión extraordinaria sancionó el proyecto de Ley que anula las facturas emitidas por la Dirección Nacional de Electricidad (Ande) y por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap), y amplía la exoneración de marzo a agosto. El documento pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto.
La versión aprobada fue la de la Cámara de Diputados, la cual establece que los usuarios que consuman de 1 a 1000 Kwh, serán exonerados en su totalidad hasta el mes de agosto, y los que superan ese tope pagarán la diferencia de consumo.
Asimismo, establece que las facturas de la Essap, aguateras privadas, juntas de saneamientos podrán ser diferidas temporalmente o tener un descuento de hasta el 100% para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y sectores vulnerables.
El proyecto sancionado, presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) estipula que la Ande y Essap deberán cancelar y anular las facturas de los meses de marzo, abril, mayo y junio que no fueron emitidos en base a lectura de los medidores en un plazo de 30 días y emitir una sola factura por los cuatro meses, que se sumarán a las facturas del consumo a partir del mes siguiente de la promulgación de la Ley.
Además, prohíbe a dichas empresas emitir facturas sin que se haya realizado la lectura pertinente del medidor del usuario, siendo responsable administrativo, civil y penalmente la institución y las máximas autoridades de cada institución por los daños que pudiera ocasionar la contravención a esta norma.
Así también establece que los pagos de facturas ya realizados con anterioridad a la presente Ley serán descontados automáticamente de las facturas emitidas posteriormente.
DESCALCE FINANCIERO
Cabe mencionar que el presidente de la Ande, Luis Villordo, manifestó que la institución a su cargo “sufrirá un descalce financiero muy grande” si el Ejecutivo aprueba el proyecto de ley que cancela y anula las facturas del consumo de energía eléctrica.
El titular de la ANDE explicó que la aprobación de la ley conllevaría volver a refacturar los US$ 227 millones que ya se facturaron y que para hacer frente a esta situación se requerirían US$ 300 millones, monto del que no dispone la institución.
