La Justicia rechazó un nuevo pedido de libertad al considerar que persisten riesgos procesales en una de las causas más emblemáticas del crimen organizado.
La Justicia paraguaya ratificó la prisión preventiva de Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al considerar que persiste el riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción a la investigación. La resolución mantiene a la procesada bajo un régimen especial de reclusión mientras avanza la causa derivada del operativo A Ultranza Py, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia reciente del país.
¿Por qué la Justicia rechazó nuevamente el pedido de libertad?
La decisión judicial se sustenta en que no existen hechos nuevos que justifiquen modificar la medida cautelar vigente. La defensa había solicitado la revisión de la prisión preventiva y planteó alternativas como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, pero el pedido fue rechazado por las autoridades judiciales.
De acuerdo con la resolución, la magnitud de la causa, la eventual expectativa de pena y los antecedentes procesales hacen que el riesgo de fuga siga siendo elevado. A ello se suma la posibilidad de afectar el desarrollo de la investigación, uno de los criterios contemplados por el Código Procesal Penal para mantener la prisión preventiva.
¿Cuál es la situación procesal de Gianina García Troche?
García Troche se encuentra procesada en el marco del operativo A Ultranza Py, investigación que desarticuló una presunta estructura dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos conexos.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la procesada habría integrado una organización destinada a introducir recursos de origen ilícito en el sistema financiero formal, presuntamente vinculada a las actividades de Sebastián Marset, quien continúa prófugo y es considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.
La mujer fue extraditada desde España y desde entonces permanece sometida a un régimen de seguridad reforzado debido al perfil del caso y a las características de la investigación sobre crimen organizado.
¿Qué peso tiene el riesgo de fuga en las causas de crimen organizado?
En los procesos relacionados con crimen organizado, el riesgo de fuga constituye uno de los principales argumentos utilizados por jueces y fiscales para justificar medidas cautelares restrictivas.
La Justicia sostiene que este tipo de causas involucra estructuras transnacionales, redes económicas complejas y recursos suficientes para facilitar eventuales evasiones o interferencias en las investigaciones. Por ello, la evaluación del peligro procesal suele ser más estricta que en otros procesos penales.
En el caso de García Troche, las autoridades también han considerado antecedentes relacionados con su resistencia a someterse a la justicia y la dimensión internacional del expediente, factores que refuerzan la decisión de mantener la prisión preventiva.
¿Cómo impacta este fallo en la lucha contra el crimen organizado?
La ratificación de la prisión preventiva vuelve a colocar en el centro del debate la capacidad del Estado paraguayo para sostener investigaciones complejas contra estructuras criminales de alcance regional.
El operativo A Ultranza Py marcó un punto de inflexión en la política de persecución del lavado de activos y el narcotráfico, al involucrar cooperación internacional, intercambio de información financiera y acciones coordinadas entre diversas instituciones.
En ese contexto, las decisiones judiciales sobre medidas cautelares adquieren una relevancia que trasciende el caso particular, ya que son observadas como indicadores de la fortaleza institucional frente a organizaciones criminales con capacidad económica y conexiones transnacionales.
¿Qué escenario enfrenta ahora la causa A Ultranza Py?
La defensa aún dispone de mecanismos procesales para impugnar la resolución ante instancias superiores. Sin embargo, mientras no se produzcan cambios sustanciales en las circunstancias del caso, la prisión preventiva continuará vigente.
El desarrollo de esta causa seguirá siendo uno de los principales termómetros de la respuesta del sistema judicial paraguayo frente al crimen organizado y de la capacidad institucional para sostener investigaciones de alto impacto político, económico y regional.
Periodista Senior