Las cuestiones judiciales son siempre complejas, y más cuando llegan a un tribunal de cuentas en donde las cuestiones se dirimen -con muchísima frecuencia- en favor de aquellos que tendrían que recibir alguna sanción. Pareciera que es el lugar donde todos los entuertos públicos quieren terminar, porque saben que saldrá a favor -ese tribunal- de los intereses de los administradores de ocasión.
Esto fue lo que aconteció con la sanción que aplicó el Banco Central como organismo regulador el BNF por más de G.10.000 millones por las transacciones que realizó Darío Messer, el doleiro de los doleiros, el Hermano del Alma de Cartes, durante el periodo gubernamental de éste y que incluso ha tenido como protagonista al actual titular del Ministerio de la Vivienda.
Esto nos demuestra también que cuando terminan fallando en contra del Banco Central -que dice que apelará ahora a la Corte- se demuestra que ni entre los sectores del propio Estado pueden ajustarse líneas en torno a asumir responsabilidades que tendrían que ser de paso personales, y no del Banco, en este caso de Fomento, que es propiedad de cada uno de los paraguayos.
Cuando un administrador de un ente público hace mal las cosas, ese debe cargar con las consecuencias y los costos económicos que supuso ese tipo de acciones. Debemos volver a rescatar al Tribunal de Cuentas de la condición de “Blanqueador” que tiene hasta ahora en todos los asuntos y entuertos en donde figuran intereses económicos y crematísticos, incluso aquellos que reclama el propio Estado a otro ente de similar corte.
