Según informa Hacienda, el incremento de gastos rígidos en el presupuesto general de la Nación (PGN) se debe principalmente a la creación de por lo menos 1.300 cargos que se concentrarían principalmente en las universidades, las fiscalías y la Corte Suprema. El ministro Oscar Llamosas anticipó que daría una última batalla para salvar lo salvable, teniendo en cuenta que el periodo ordinario de sesiones culmina en un mes y los políticos están muy apurados por despachar el presupuesto y meterse de lleno en las internas partidarias.
La primera pregunta que debemos hacernos es: Cuántos de esos 1.300 cargos creados en las universidades y en la justicia van a ser llenados por personal requerido y cuántos van a ser empleados en mano de obra electoral para los comicios de 2023.
Si seguimos una lógica administrativa rigurosa, al no contemplar el ordenador presupuestario las fuentes de financiación correspondientes, surge de inmediato otra pregunta: ¿Van a recortar gastos de algún lado o a reprogramar rubros? Estamos convencidos de que en este caso la respuesta será un no rotundo. Los políticos apoltronados en el Congreso no acostumbran recortar nada, porque los únicos verbos que conocen son aumentar, sumar, agregar, incrementar. También son muy afectos a subsidiar, “ayudar” (comida, educación, salud prepaga de funcionarios) y el preferido de todos, la “bonificación por responsabilidad”, ítem que puede aumentar un salario básico entre 25 y 40%.
La corrosiva costumbre de meter paniaguados a comer gratis del PGN está muy arraigada en los políticos paraguayos. Quieren tener a mano peones bien pagados… pero no de su bolsillo. Esa gente debe estar disponible 24 horas en tiempo electoral. Eso sólo es posible si el asistente es un funcionario público cuya ausencia durante semanas o meses nadie nota y a nadie le importa pero a la que se le paga religiosamente a fin de mes. Además, estos parásitos necesitan un refugio donde mimetizarse, que a menudo encuentran en ministerios gigantes como salud, educación o agricultura. Ahora, al parecer, prefieren las universidades. Quién podría oponerse a que se incorporen nuevos profesores, investigadores… Pero, ¿alguien controla en Hacienda la calidad del personal incorporado? Pregunta inconducente, dada la autonomía universitaria. Lo mismo en el Congreso, lo mismo en el Poder Judicial.
Y así nos va.
