El Tribunal de Apelación Penal ratificó las imputaciones contra Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción y 11 concejales más. Esto en el caso relacionado a la concesión irregular del servicio de recolección de basuras a la empresa Empo SA.
La irregularidad pasa principalmente porque Mario Ferreiro, entonces intendente de la comuna con el apoyo de Rodríguez y los 11 concejales, aprobaron el pago de G. 1700 millones a la citada firma para la concesión del servicio.
Sin embargo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, representantes de la empresa, habían presentado previamente documentos de cumplimiento tributarios falsos.
Papeles que fueron obviados supuestamente de forma adrede por las autoridades comunales imputadas.
Ferreiro ya fue beneficiado hace dos semanas con medidas alternativas a la prisión. Por lo que solo falta conocer la pena que recibirán provisoriamente los otros citados imputados.
IMPUTACIÓN
La fiscal encargada del caso es Stella Marys Cano. La imputación fue por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos.
Los 11 concejales afectados son; Javier Pintos, Fabiana Benegas de Sanchez, Mario Cáceres, Antonio Gaona, Karen Forcado, René Calonga, Augusto Wagner, Felix Ayala, Humberto Blasco, Ireneo Román y Elena Stael Alfonsi Samaniego.
La denuncia la realizó Rosemary González, una contribuyente de la comuna, el pasado 19 de octubre del 2018.
VACCHETTA
Rosa Vacchetta, abogada de la denunciante Rosemary González, informó que ahora el expediente vuelve al Juzgado de origen y el siguiente estadio procesal es la fijación de día y hora para la fijación de medidas alternativas a la prisión para los imputados.
“Al mismo tiempo se espera la fecha del requerimiento conclusivo”, detalló.
Acto seguido destacó que es muy importante entender que la administración municipal y los contratos firmados se rigen por el derecho administrativo. Y que el dinero que se maneja en el municipio es dinero público que sale del bolsillo de los contribuyentes. Y como tal se debe manejar estricta transparencia.
“Este es un caso que puede echar luz sobre el manejo de fondos públicos y las responsabilidades que conlleva. Celebro que se esté dando esta investigación, y espero que sea lo suficientemente puntillosa para definir las responsabilidades”, expresó finalmente.
CONTEXTO
El vertedero Cateura funciona desde 1985. En el año 2005, la municipalidad de Asunción licitó el predio y firmó el contrato con Empo Ltda por 30 años.
Según el Pliego de Bases y Condiciones, se debía realizar prontamente el traslado del vertedero a otro terreno y en Cateura se debía construir una planta de transferencia, lo que no fue cumplido.
En 2018, tras la constatación de varias irregularidades cometidas por la empresa Empo Ltda., la Contraloría General de la República recomendó a la municipalidad rescindir el contrato con la firma.
En octubre de 2018 concejales transfirieron el contrato que tenían con la firma en cuestión, en mora con el Estado, a otra empresa, también de su propiedad, llamada Empo SA. Así se podría evadir el pago de G. 50.000 millones en tributos.
En diciembre de ese año, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, representantes legales de Empo LTDA y Asociados, fueron imputados por los delitos de producción de documento no auténtico y estafa.
