El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, anunció para este jueves 8 de octubre, a las 9:00, una conferencia de prensa sobre las respuestas que el Banco Central del Paraguay (BCP) entregó ayer por la tarde en un sobre cerrado de 31 fojas, amparado en el deber de secreto. La comparecencia se produce después de una jornada de cuestionamientos parlamentarios sobre la supervisión bancaria, los depósitos de recursos públicos y las operaciones de ueno bank y otras entidades financieras.
La documentación ingresó al Congreso alrededor de las 16:00 del miércoles y corresponde a cinco pedidos de informes aprobados por la Cámara Alta. Aunque el BCP confirmó el cumplimiento formal del requerimiento, el contenido de las respuestas no fue divulgado públicamente.
La conferencia se desarrollará en medio de una creciente presión política sobre la conducción de la banca matriz. Los senadores Walter Kobylanski, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez y Mario Varela expresaron ayer cuestionamientos sobre la actuación del organismo regulador, con posiciones que van desde la exigencia de explicaciones hasta pedidos de renuncia de sus autoridades.
¿Qué deberá aclarar hoy el Senado sobre las respuestas del BCP?
La principal expectativa de la conferencia está relacionada con el tratamiento que recibirá la documentación remitida por el Banco Central. El presidente del Congreso deberá explicar cómo se administrará la información protegida por el deber de secreto y qué mecanismos tendrá la Cámara Alta para examinar las respuestas a sus requerimientos.
Los antecedentes fueron remitidos mediante las resoluciones P.L. N.º 109, 134, 136, 137 y 139, que comprenden consultas sobre operaciones de entidades financieras, procedimientos de supervisión, fondos públicos y decisiones regulatorias.
El punto central es determinar si las respuestas permiten aclarar los cuestionamientos planteados por los legisladores y qué información podrá hacerse pública. La entrega de un documento bajo reserva no significa necesariamente que las respuestas sean insuficientes, pero tampoco acredita que las dudas parlamentarias hayan quedado resueltas.
La conferencia permitirá conocer la posición institucional de la presidencia del Senado sobre el procedimiento que seguirá la Cámara Alta. Hasta ese pronunciamiento, no corresponde anticipar si se divulgarán partes del informe, si habrá nuevas solicitudes de información o si se adoptarán otras medidas.
¿Por qué el Banco Central entregó las respuestas bajo secreto?
La nota de remisión fue firmada por el presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, quien explicó que las respuestas contienen información de terceros protegida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Central.
La misma legislación, en su artículo 7, inciso e), contempla una excepción que permite a las cámaras del Congreso acceder a información reservada en el ejercicio de sus atribuciones. Sin embargo, establece que quienes reciben esos datos también asumen el deber de secreto y las responsabilidades derivadas de un eventual incumplimiento.
Esto significa que el Senado puede acceder a determinados antecedentes que no necesariamente pueden difundirse de manera pública. La discusión, por tanto, no se limita a la entrega material de los documentos, sino que también involucra las condiciones legales para su utilización en el proceso de fiscalización.
En su comunicación institucional, el BCP sostuvo que respondió dentro de los procedimientos y plazos legales. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la independencia técnica y la estabilidad del sistema financiero.
La reserva invocada por la institución plantea una cuestión relevante: cómo garantizar el control parlamentario de un organismo autónomo sin vulnerar las normas que protegen información financiera de terceros.
¿Qué cuestionaron los senadores sobre la conducción del BCP?
Durante las intervenciones del miércoles, cuatro legisladores expresaron preocupación por las actuaciones del Banco Central y por las consecuencias que podrían derivarse de las controversias sobre las operaciones de entidades financieras.
El senador independiente Walter Kobylanski advirtió sobre los riesgos económicos que, a su criterio, representa la situación.
«Esto puede tener un efecto dominó en la economía nuestra», sostuvo.
El legislador planteó que el Senado exprese una pérdida de confianza hacia el presidente del BCP, al considerar que su designación debió contemplar los antecedentes profesionales que mantenía en el sector financiero y los posibles conflictos de intereses.
Kobylanski también llamó a abordar el problema con responsabilidad institucional para evitar consecuencias sobre el conjunto de la economía paraguaya.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, formuló acusaciones sobre el manejo de recursos estatales y el funcionamiento de mecanismos de supervisión.
«Acá hay un verdadero concierto criminal para utilizar recursos del Estado», afirmó durante su intervención.
Según el legislador, ueno bank estaría operando con aproximadamente US$ 850 millones de fondos públicos. También cuestionó el supuesto tratamiento contable de US$ 300 millones en créditos que calificó como incobrables, al señalar que el BCP habría permitido diferir el reconocimiento de esas pérdidas durante 20 años.
Filizzola denunció además presuntas operaciones crediticias con empresas vinculadas y cuestionó el traslado del funcionario técnico que había formulado observaciones sobre determinadas transacciones.
Estas afirmaciones constituyen denuncias parlamentarias y requieren contrastarse con la documentación regulatoria y las explicaciones de las entidades involucradas. Su formulación no implica que las irregularidades hayan sido comprobadas judicial o administrativamente.
¿Por qué Esperanza Martínez exige la renuncia de las autoridades?
La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, centró sus cuestionamientos en la administración de recursos públicos y previsionales, especialmente los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).
La legisladora sostuvo que la controversia excede una disputa entre sectores políticos y financieros, porque involucra recursos que pertenecen al Estado y a los aportantes del sistema de seguridad social.
Martínez denunció la existencia de una presunta «puerta giratoria» entre funcionarios del Banco Central, organismos de supervisión y actores del sector bancario. A su criterio, estas relaciones generan interrogantes sobre la independencia de los controles y la prevención de conflictos de intereses.
«Este crecimiento fue maquillado sistemáticamente por el Banco Central», afirmó en referencia a la evolución de la entidad financiera cuestionada.
La senadora exigió la renuncia del presidente del BCP y de sus directivos, al sostener que las autoridades deben asumir responsabilidad por las actuaciones del organismo.
«Renuncie, si me escucha el presidente, renuncie si tiene decoro, si tiene ética renuncie», manifestó.
Las acusaciones sobre favorecimiento, conflictos de intereses y tratamiento irregular de información financiera todavía deben evaluarse a partir de documentación verificable. En ese contexto, el contenido del informe remitido al Senado adquiere relevancia para el seguimiento de los cuestionamientos.
¿Qué preocupación expresó Mario Varela sobre los fondos públicos?
El senador colorado Mario Varela puso énfasis en la magnitud de los recursos estatales depositados en entidades privadas y en la necesidad de verificar el cumplimiento de las normas bancarias.
«Estamos hablando de más de 800 millones de dólares de dinero público en un banco que tiene 3 años y algo de vida institucional», expresó.
Varela sostuvo que el crecimiento de una institución financiera debe desarrollarse dentro de los parámetros legales y regulatorios establecidos. También se refirió a las denuncias sobre préstamos a empresas vinculadas y a la importancia de conocer las respuestas oficiales antes de establecer responsabilidades.
«Considero fundamental que esto pueda transparentarse a fin de transmitirle al sistema financiero y bancario del Paraguay también la tranquilidad necesaria», afirmó.
Su planteamiento coincide con una de las principales preocupaciones institucionales del debate: garantizar que la fiscalización de operaciones financieras se realice sin generar conclusiones anticipadas que puedan afectar la confianza en el sistema bancario.
La intervención del legislador también puso de relieve la responsabilidad del Senado de evaluar las respuestas recibidas y determinar si corresponde solicitar aclaraciones adicionales.
¿Qué operaciones financieras están bajo cuestionamiento?
Los pedidos parlamentarios no se limitan a una sola entidad. El Congreso solicitó información sobre distintas operaciones del sistema financiero, incluidos procesos de absorción bancaria, mecanismos de supervisión, créditos vinculados y depósitos de organismos públicos.
En el caso de ueno bank, parte de la controversia se relaciona con observaciones atribuidas a Fernando Rivarola, exgerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, sobre operaciones que involucraron a empresas vinculadas y la adquisición de una cartera de créditos.
Los señalamientos requieren distinguir entre operaciones permitidas por la regulación, eventuales incumplimientos de límites prudenciales y posibles irregularidades que deban ser objeto de procedimientos administrativos o judiciales.
La existencia de créditos a empresas vinculadas no constituye automáticamente una infracción. Su legalidad depende de las condiciones de otorgamiento, los límites aplicables, las garantías y el cumplimiento de las disposiciones regulatorias.
ueno bank, por su parte, ha sostenido que atiende los requerimientos del organismo supervisor y que realizó adecuaciones regulatorias dentro de los procedimientos correspondientes. También ha defendido su situación patrimonial.
Por ello, las respuestas del Banco Central resultan relevantes para conocer qué controles fueron aplicados, cuáles fueron las observaciones técnicas y qué medidas adoptaron las autoridades frente a las operaciones consultadas.
¿Cómo seguirá el Senado la fiscalización del Banco Central?
La conferencia de este jueves representa el siguiente paso institucional después de la recepción de las respuestas del BCP. El Congreso deberá definir cómo examinará los antecedentes y qué información puede comunicar públicamente sin infringir las obligaciones legales de confidencialidad.
El proceso también pone en discusión la relación entre la autonomía del Banco Central y las facultades constitucionales de fiscalización del Poder Legislativo. La independencia técnica del organismo no elimina sus obligaciones de rendición de cuentas, del mismo modo que el control parlamentario debe respetar las restricciones legales sobre información financiera.
Para el sistema bancario, el tratamiento institucional de estas controversias resulta relevante por sus efectos sobre la confianza de depositantes, inversionistas y organismos internacionales. Las decisiones de supervisión deben sustentarse en normas y procedimientos verificables, independientemente de las diferencias políticas que puedan surgir alrededor de ellas.
La atención estará puesta hoy en las explicaciones del Congreso y en el procedimiento que anuncie para el análisis de las 31 fojas recibidas. La documentación ya está en poder del Congreso; resta conocer cómo será examinada y hasta dónde podrá informar el Senado sobre las respuestas del Banco Central.
