Foto: Unicanal
El nivel de crispación con respecto a la justicia paraguaya es todavía mayor y ahora ya vemos enfrentamientos dentro de la propia estructura gubernamental.
La conferencia de prensa del viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el secretario Nacional de Anticorrupción endilgado responsabilidades penales y de otro tipo de delitos al gobernador de Central, el locutor Hugo Javier, nos demuestra que lo que quieren hacer desde el Poder Ejecutivo es ponerle presión a la Fiscalía General del Estado para que haga su tarea.
El mensaje ha sido más o menos: “Ya te dijimos esto y convocamos a la prensa para diseminar el escándalo, esperemos que te muevas”. El mensaje ha sido también para Sandra Quiñónez, quien es una adherente de Horacio Cartes.
Siendo el gobernador de la misma línea política, desde el Ejecutivo se cree que está apañando la tarea de no investigar los hechos delictivos de los que se acusa a la administración central de gastar US$ 1 millón destinado para el Covid-19 a actividades que no se sabe que fueron y menos aún que estén sostenidas en facturas que sean legales y no apócrifas o que hayan sido falsificadas.
Lo trascendente del tema es que el Ejecutivo, probablemente presionado por la visita de la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, le haya puesto una presión diciendo «miren todas estas cosas, ustedes no son capaces de resolver».
Y ahora, para decir que ha hecho algo, convocó a una conferencia de prensa para meterle presión a la Fiscalía General. Estas cosas tienen que resolverse por el lado de hacer las cuestiones como se debe y especialmente que nuestras autoridades judiciales, jueces y fiscales estén en favor de la aplicación del derecho, buscando la justicia y no esperando dinero o presiones políticas que les sean solo afines a su manutención en el cargo.
