Nadie pensó en los siete millones de paraguayos que iban a sufrir un aumento de la tarifa de energía eléctrica. Nadie calculó el debilitamiento económico que la negociación podría generar a la estatal, que en el 2023 buscará duplicar la contratación de energía de Itaipú, tras la revisión del Anexo C del tratado con el país vecino.
Debido a una presión de Brasil, en mayo, el entonces canciller nacional Hugo Saguier Caballero firma el aumento del 5% al 12% la cantidad de potencia más cara por nuestro país, una medida innecesaria según Ferreira, quien sostiene que un aumento al 6% ya era suficiente.
Pero sin sopesar las consecuencias, el negocio se encaminó a un sobrecosto de US$ 350 millones
(G. 2.135 billones). Solo se trataba de un costo inicial, debido a que la cifra solo abarca el ítem de la potencia contratada, pero el acta contempla más ítems perjudiciales para nuestro país.
Uno de ellos es el cambio en el tema embalse, con el que Brasil tendría libre albedrío del depósito de agua -sin el permiso del lado paraguayo y por tiempo indefinido- para comercializar energía a su favor.
Allí, el Ministerio de Hacienda hubiera disminuido su capacidad de gestión de la energía excedente y, por ende, de los royalties (regalías). Finalmente, todo se traduciría en pérdidas millonarias para el Paraguay. Por citar un ejemplo, si en Brasil se registra una suba en los precios de la energía, ellos tendrán la libertad de utilizar cuanto querían el embalse por obvias razones de ganar más dinero. Mientras, Paraguay se vería limitado en su uso.
“En base a los ejemplos de mayo y junio hemos analizado que si el acta hubiera quedado firmada, sumados ambos meses el perjuicio hubiera sido de US$ 80 millones, además de los US$ 350 millones”
informó Pedro Ferreira, extitular de la ANDE.
El controversial acuerdo perdió validez el pasado mes. De ahora en más, la administración pública deberá preparar el camino y encauzar con éxito la futura renegociación del tratado de Itaipú fechada para el 2023.
Victor Ortíz
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