martes, agosto 25

Pensión alimentaria busca cubrir a mayores de 65 años en más de dos años

Paraguay prevé ampliar de manera progresiva la cobertura de la pensión alimentaria para adultos mayores hasta incorporar a todas las personas de 65 años o más que cumplan los requisitos establecidos por la ley al cierre de 2028, que sería poco más de dos años. El Ministerio de Desarrollo Social estima que unas 95.000 personas de 65, 66 y 67 años todavía deben ingresar al programa.

¿Cuál es la meta del Gobierno para la pensión alimentaria?

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, señaló que la administración busca reducir gradualmente la edad de acceso al beneficio hasta alcanzar la cobertura universal prevista para los adultos mayores de 65 años.

Actualmente existe una brecha de cobertura especialmente concentrada en las franjas de 65, 66 y 67 años. El número de potenciales beneficiarios aumenta a medida que se amplía la cobertura hacia edades menores, mientras que cada año unas 20.000 personas cumplen 65 años, generando una incorporación permanente de nuevos potenciales beneficiarios.

La meta supone un desafío presupuestario para el Estado, debido a que la ampliación debe acompañarse de recursos suficientes para sostener los pagos de manera permanente.

¿Cuántos adultos mayores fueron incorporados durante 2026?

Durante este año, el Gobierno incorporó aproximadamente 38.000 personas al programa con los recursos presupuestarios disponibles, según explicó el ministro.

Sin embargo, Rojas indicó que las restricciones presupuestarias impiden reducir durante lo que resta de 2026 la edad de acceso hasta los 67 años. La estrategia contempla avanzar de manera gradual en los próximos ejercicios fiscales, dependiendo de la disponibilidad de recursos.

El proceso de ampliación no implica únicamente la incorporación de personas por edad. El programa también contempla otros grupos que reúnen las condiciones establecidas para recibir el beneficio.

¿Cuántos nuevos beneficiarios fueron incorporados en agosto?

En agosto fueron incorporadas 3.902 personas al programa de pensión alimentaria. De ese total, 2.244 corresponden a adultos mayores que cumplieron 68 años hasta el 24 de agosto.

También ingresaron personas de 69 años y más, integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad, extranjeros y personas reincorporadas al programa.

Los nuevos beneficiarios comenzarán a percibir la pensión desde este miércoles 26 de agosto. Con estas incorporaciones, el programa alcanza a 376.780 adultos mayores habilitados para el cobro durante este ciclo.

El dato refleja la dimensión fiscal y social del programa, cuya cobertura debe ajustarse cada año a la incorporación de nuevos adultos mayores y a la disponibilidad presupuestaria del Estado.

¿Cómo avanzará la cobertura durante 2027 y 2028?

El Gobierno plantea utilizar el presupuesto disponible para 2027 para avanzar primero hacia las franjas de 67 y 66 años, antes de completar progresivamente la incorporación de quienes tienen 65 años.

La estrategia está vinculada con el cumplimiento de la Ley N.º 7322, que establece la pensión universal para las personas adultas mayores de 65 años que reúnen los requisitos establecidos en la normativa.

El principal condicionante para acelerar este proceso será la disponibilidad de recursos públicos. La incorporación de nuevos beneficiarios implica un gasto recurrente para el Estado, por lo que la reducción de la edad de acceso requiere previsiones presupuestarias que permitan sostener el beneficio en los siguientes ejercicios.

¿Qué implica ampliar la pensión a todos los mayores de 65 años?

La ampliación hacia toda la población de 65 años o más representa una expansión de la cobertura de protección social y, al mismo tiempo, una mayor obligación presupuestaria para el Estado.

La cantidad de personas que cada año alcanza la edad de 65 años obliga a considerar no solo el costo de cerrar la brecha existente, sino también el crecimiento permanente del universo potencial de beneficiarios.

Por ello, el objetivo de llegar a todos los mayores de 65 años al cierre de 2028 dependerá de la capacidad del Gobierno para incorporar los recursos necesarios en los próximos presupuestos y mantener una cobertura compatible con lo establecido por la Ley 7322.