La pena capital consiste en sustraer la vida a alguien por haber cometido crímenes de dimensiones atroces. Fue aplicada tanto en el mundo oriental como en el griego y el romano, su uso se consolidó en la Edad Media, particularmente en los siglos XVI, XVII y XVIII. El Paraguay lo tuvo y la Constitución Nacional de 1992 lo tiene prohibido.
Ahora en Japón, uno de los pocos países junto con EEUU del grupo de los 7, se ha aplicado esta pena a una persona que hizo lo mismo no solo de una persona sino de varias en un acontecimiento conocido cómo la masacre de Akihabara en junio del año 2008. En esa fecha mató en Tokio a siete personas e hirió a otras 10 embistiéndolas con un camión y a puñaladas.
El asesino fue detenido y lleva cómo nombre Tomohiro Kato hasta hace poco por lo que fue su sentencia ya hecha y a la horca cómo fue lo comunicado y ejecutado por el ministerio del pais del Sol Naciente, desde donde esté hecho sacude no solo al país sino al planeta
Hay críticas a este tipo de condena por referencias puestas por organismos del mundo cómo Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y en particular del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Este argumento no ablandó ni a japoneses ni americanos que la siguen aplicando.
Un debate sin fin
Esta postura y mensaje genera un sacudida en el país integrante del Grupo 7 que es un foro de siete economías más industrializadas, donde hay países que todavía sostienen esta pena cómo una legalmente aceptada cómo lo practica también los EE.UU.
Los japoneses con esta condena creen controlar futuros crímenes cómo el de hace 14 años atrás en una tumultuosa zona comercial de la capital de Japón. Quizás todo este tiempo quizás debió seguir estudiando nuevas formas de castigar a gente y no necesariamente con la pena de muerte.
Duro golpe detrás de este ajusticiamiento a un criminal y el renovado debate en torno al verdadero sentido y valor de la pena de muerte.
