Es evidente que al poder no le gusta cumplir las normas ni tampoco ser transparente; eso se ha visto en la decisión de los Diputados, que en una gran mayoría afirma que las Declaraciones Juradas pueden ser corregidas cuando se trata de algunos errores que se han cometido en el momento de la declaración. En cualquier otro lugar esto no sería de recibo y estaríamos hablando de un mecanismo que, realmente, a lo único que lleva es a esconder la basura debajo de la alfombra.
Si alguien dice que no tiene lo que tiene y no lo puso en su Declaración Jurada cuando asumió el cargo porque se olvidó, anteriormente cometía un hecho que era punible, ahora los Diputados dicen “no, ese olvidó no tendría que tener ningún costo”. Los Senadores piensan diferente, los diputados afirman una cosa distinta. Ahora vuelve al Senado, y veremos si existe la voluntad de los legisladores de la Cámara Alta de mantenerse, haciendo que sea sancionado el hecho de que un legislador, un funcionario no declare realmente todo lo que tiene en términos de bienes.
Eso llevaría a que posteriormente se utilizará el argumento del enriquecimiento ilícito en el cargo, cuando tengamos también una Fiscalía y una Justicia que acompañen la información en torno a lo que dice declarar una persona que tiene y lo que realmente posee.
Esto no es solamente una cuestión de transparencia, es una cuestión de confianza en las instituciones, en las personas, en las instituciones y la propia democracia.
Vivimos tiempos de transparencia. Pueden dilatar una serie de cuestiones pero ante la sociedad quedan realmente como personas sospechosas de corrupción cuando pasan decisiones como la que tomaron los Diputados.
