La Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), emitieron un informe final sobre el daño patrimonial de la Gobernación de Central. En el documento, se ratificaron en que los US$ 1 millón que recibió la gobernación para mitigar la pandemia, fue en gran parte destinado a entidades no aptas.
Derlis Larroza, concejal por el Partido Liberal (PLRA), señaló que hace mucho tiempo están elevando denuncias contra del gobernador. Por lo que los informes de la Senac y Contraloría, solo ratifican lo que venían denunciando. “Parte del préstamo recibido por la pandemia se dilapidó. Hasta el día de hoy no escuchamos respuestas por parte del gobernador sobre dónde fueron a parar estos recursos”, lamentó.
FISCALÍA
El edil señaló que siempre tuvo las esperanzas de que el Ministerio Público iba a actuar en el caso, pero que evidentemente existe una complicidad con el gobernador.
“No se puede hablar de otra cuestión. Ante los primeros hechos ya se lo hubiera imputado. Sino lo imputaban cuando lo denunciamos, lo debieron hacer cuando entes del Ejecutivo revelaron las irregularidades, pero nunca lo hicieron”, dijo.
INTERVENCIÓN
El 14 de julio pasado, concejales departamentales de Central rechazaron el pedido de intervención para la Gobernación administrada por Hugo Javier.
La votación terminó 11 votos por el rechazo (10 colorados y 1 liberal -Mario Aguilera-) y 10 por la aprobación (9 liberales más uno del PPQ).
Al ser consultado sobre si esta ratificación, podría impulsar un nuevo pedido de intervención, Larroza señaló que la intención siempre existe, pero que aún no tienen los votos para lograrlo.
“Creemos que el gobernador no puede seguir un minuto más. En un país serio ya hubiera sido apartado del caso. Ya debíamos tener un informe final de la Fiscalía diciendo si es el responsable o no. Lastimosamente no está ocurriendo, este es el país de la impunidad”, expresó.
CONTEXTO
En octubre del año del 2020, dicha gobernación recibió US$ 1 millón (casi G. 6.400 millones) para mitigar el impacto de la pandemia en la región. El ente público a su vez destinó G. 5.105 millones de esos recursos para contratar a una ONG de nombre Centro Integral de Apoyo (CIAP) en febrero pasado.
Los G. 1.276 millones restantes fueron al Consejo Regional de Salud. Las irregularidades solo se registran en la rendición de cuentas de la primera entrega.
Sin embargo, durante la rendición de cuentas, la Gobernación presentó unas facturas y la CIAP otras distintas para justificar los gastos.
Debido a esto, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron una conferencia de prensa el pasado miércoles 7 de julio. En la ocasión, anunciaron que pidieron al Ministerio Público intervenir a la Gobernación de Central administrada por Hugo Javier González.
El hecho tomó estado público tras denuncias de empresas que figuran como contratadas por la ONG en cuestión para la realización de los trabajos. Alegan que facturas fueron clonadas y presentadas como rendición de cuentas.
En aquel entonces, Fausto Portillo, abogado del gobernador, afirmó por su parte que, si se comprueban inconsistencias, Hugo Javier devolverá el dinero.
