No logra parar incendios, arroceros abusivos ni destructores de humedales.
El Ministro del Ambiente defendió públicamente su gestión diciendo que prefiere el “perfil bajo” frente a la marea de críticas que soporta su gestión. Hasta ahí, todo bien. Pero desbarrancó cuando recurrió al remanido simil de que es fácil criticar a la distancia, invitando a bajar a la cancha y sumarse al partido. Es un burdo argumento para descargar responsabilidades.
Respecto a la destrucción de humedales en la cuenca del lago Ypacaraí, el responsable del MADES esquivó el bulto diciendo que las áreas intervenidas en la zona no están catalogadas como humedales. Sin embargo, la ley 5.256 vigente declara “area silvestre protegida una superficie de 36.000 hectáreas comprendida por el espejo de agua lago Ypacaraí y el sistema de humedales que lo acompaña”. Por si al ministro no lo convence la ley, un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA describe a los “humedales del lago Ypacarai como una zona muy alterada por la presencia humana”. El documento pone énfasis en la biodiversidad circundante, la imperiosa necesidad de controlar los efluentes que se descargan en la cuenca y en el impacto negativo que causan en el sistema las actividades antropogénicas. ¿Qué parte de la cuenca escapará a esta condición según el ministro del MADES?
El funcionario público también se lavó las manos respecto a los denunciados excesos de uso del caudal del río Tebicuary, del cual se abastecen muchas empresas dedicadas a la producción de arroz. El ministro dice que su institución carece de fuerza coercitiva para secuestrar bombas de establecimientos que violan la normativa que encuadra la captación de agua del río. En consecuencia, cada infracción escapa con una reprimenda administrativa mientras la culpa yace, una vez más, en las fiscalías ambientales inoperantes.
La pregunta sería, en este caso, para qué sirve una institución que sólo es buena para acumular papeles con advertencias, sanciones, solicitudes de intervención y, finalmente, archivo. Si no puede liderar la prevención y combate de incendios rurales, ni impedir la destrucción de ambientes naturales protegidos por ley y tampoco pararles la mano a quienes abusan de un recurso natural como el agua, ¿para qué demonios está el ministerio? Aunque Gs. 56.000 millones del PGN no es mucha plata, es demasiada para una entidad prácticamente inerte.
