El Ministerio de Justicia anunció la reapertura del penal de Tacumbú, cerrado previamente debido al hacinamiento, en respuesta a una de las demandas del clan Rotela. Este clan había protagonizado un motín con toma de rehenes en la mayor prisión del país el pasado 10 de octubre. Argumentando problemas de hacinamiento en prisiones cercanas, el Ministerio de Justicia tomó la decisión de abrir Tacumbú, que alberga a aproximadamente 3.000 personas.
La reapertura de Tacumbú y el traslado de internos del clan Rotela a esta prisión formaban parte de las negociaciones con el grupo criminal para poner fin al motín que se prolongó desde la noche del 10 de octubre hasta la mañana del día siguiente. Según un comunicado del Ministerio de Justicia, esta decisión está en línea con un programa de redistribución y alojamiento de reclusos que se implementa desde agosto.
MEDIDAS
«Hacinamiento de penitenciarías cercanas obliga a reabrir Tacumbú y cerrar Emboscada ‘Antigua’, de conformidad con el cronograma de redistribución y albergue de personas privadas de libertad del 28 de agosto del corriente año», se puede leer en el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia.
El clan Rotela, liderado por Armando Javier Rotela, logra con esta medida una de sus demandas, aunque no todos los guardias han regresado a Tacumbú desde el último motín. Los funcionarios penitenciarios han señalado la falta de garantías para llevar a cabo su trabajo, y solo un grupo de ellos realiza sus tareas de forma voluntaria.
Durante el motín, 23 guardias fueron tomados como rehenes y despojados de sus armas y uniformes, que en su mayoría quedaron en manos de los presos. Los internos, que tomaron el control del penal, también incendiaron partes de las instalaciones y cortaron el suministro eléctrico, lo que generó caos en el interior del centro penitenciario.
CONTROL
Después de varias horas de negociaciones, el líder del clan, Armando Rotela, se reunió con el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, para plantear demandas específicas. La organización exigió que la Policía no ingresara al recinto y que los helicópteros que sobrevolaban la zona se retiraran, peticiones que se cumplieron y llevaron al abandono de los uniformados.
A pesar de que han transcurrido ya casi 20 días desde que esta situación perdió contención, el Estado aún no ha recuperado completamente el control de la penitenciaría.
