El diputado Miguel Cuevas de Colorado Añetete había sido imputado el pasado 31 de julio por supuesto delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. Sin embargo, hasta el momento el legislador sigue libre y en innumerables ocasiones ha dilatado la audiencia para la imposición de medidas.
Cabe recordar que además del congresista Cuevas, su esposa Nancy Florentín y su hijo Enzo Cuevas, están en la misma causa, y también está procesada Griselda Duarte por el hecho punible de cobro de honorarios en calidad de cómplice y expedición de certificados sobre méritos y servicios de certificados falsos.
La investigación que recae sobre el diputado de Añetete es sobre su gestión como gobernador de Paraguarí, que comenzó tras la denuncia presentada por el concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres, quién dijo que el parlamentario malversó G. 1.200 millones en concepto de combustibles.
Respecto al hecho punible de enriquecimiento ilícito en los últimos 10 años del imputado, existe un perjuicio de aproximadamente G. 1.700 millones, esto tras un análisis financiero de egresos e ingresos. Además, la Fiscalía detectó un total de 14 inmuebles que le pertenecen, tras acceder a su declaración jurada de bienes.
Al inicio de la investigación, Cuevas intentó que la causa sea llevada a cabo en Paraguarí, donde supuestamente el mismo mantiene fuerte control político sobre el Poder Judicial regional. Sin embargo, su pedido no avanzó y la causa sigue en Asunción.
El legislador también es muy criticado por su administración como titular de la Cámara de Diputados entre agosto 2018 y agosto 2019. Supuestamente habría concedido varios beneficios a funcionarios e incrementó la cantidad del personal mediante la creación de 27 direcciones.
No obstante, ayer el Tribunal de Apelación de feria rechazó el pedido de aclaratoria del legislador colorado, por lo que ya hay vía libre para que le citen para la imposición de medidas cautelares. La Fiscalía solicita su prisión.
El mismo ya sería citado por el juez de Garantías para la imposición de medidas cautelares. Esto, porque los camaristas José Agustín Fernández, Neri Villalba y Gustavo Auadre Canela rechazaron el pedido de aclaratoria presentado por el abogado Carlos Villamayor.
La aclaratoria la hizo en representación del diputado Cuevas y de su esposa, Nancy Florentín de Cuevas, en contra de la resolución del 17 de enero pasado de los citados camaristas.
