Otra gesta gris, innecesaria y parasitada por la política basura
Nuevamente la capital será puerto de destino de una marcha de organizaciones campesinas que llegarán mañana -según anunciaron- para exigir dos cosas: primero, la derogación de la ley que eleva a 10 años las penas de prisión por invasión de propiedades; segundo, el juicio político a la fiscala general del Estado.
No vamos a entrar en estériles discusiones sobre quienes motorizan estas marchas ni de donde sale el dinero que las financia. Tampoco vamos a discutir la constitucionalidad de una ley que sólo apunta a proteger la propiedad privada contra atropellos de cualquier tipo.
Pero sí es necesario echar alguna luz sobre el revoltijo de conceptos que rodea el tan vapuleado tema de la “lucha por la tierra”, escenario de los más delirantes manejos de tierras públicas desde comienzos del siglo XX. Tal vez la primera iniciativa al respecto haya sido la del presidente Rafael Franco, quien en 1936 lanzó un programa de reforma agraria bajo el lema de que “la propiedad de la tierra debe cumplir una función social”. Así se autorizó a expropiar hasta 2 millones de hectáreas, indemnizando a los propietarios a precios fiscales. La idea era repartir lotes de entre 10 y 100 hectáreas, fomentándose al mismo tiempo el cooperativismo y la educación agraria. Después de 86 años de aquel punto de partida, hubo un estatuto agrario modificado varias veces, se creó primero el Instituto de Reforma Agraria (IRA), reemplazado luego por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y finalmente el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Se estima que para 1986 todos esos mecanismos repartieron más de 7 millones de hectáreas en la región Oriental, es decir, el 43,7% de su superficie. ¿Resultado? Nadie lo sabe con certeza aunque hay densas historias sobre tierras malhabidas, duplicación de títulos y demás especulaciones, pero poca data seria, salvo lo siguiente: el Indert es aún poseedor de por lo menos 2.300.000 hectáreas distribuidas entre 1.100 colonias de las cuales logró censar apenas un 14%. El resto es un agujero negro estadístico.
No hay necesidad de repetir hasta el cansancio esta desteñida y obsoleta “lucha por la tierra”. Bastaría con ordenar el yavorai administrativo del Indert para que las hectáreas disponibles salten de a miles, por las buenas y sin épicas heroicas.
Si es que a algún gobierno le interesa hacerlo en serio, algún día, este siglo.
