El senador destacó que la norma busca poner fin a descuentos salariales indebidos y a procesos judiciales irregulares que afectaron a miles de personas.
El presidente de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés, senador Rafael Filizzola, celebró la promulgación de la Ley 7614/2025, “que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes”, y sostuvo que se trata de un paso fundamental para evitar que más compatriotas sigan siendo víctimas de un presunto esquema fraudulento.
“La promulgación de la Ley 7614/2025 que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos es un paso fundamental para evitar que tantos compatriotas sigan sufriendo descuentos indebidos de sus salarios y procesos judiciales irregulares que les privan, en muchos casos, de la totalidad de sus ingresos”, señaló el legislador.
Filizzola recordó que esta normativa es resultado del trabajo conjunto entre la Comisión Especial de Investigación y el Ministerio de la Defensa Pública, y que contó con el acompañamiento del Poder Ejecutivo. En ese sentido, indicó que la ley refleja una postura común orientada a corregir prácticas abusivas del derecho, que fueron posibles debido a zonas grises del sistema judicial y que terminaron afectando gravemente a personas y familias.
Seguidamente, explicó que la nueva legislación establece mecanismos para frenar, mediante la suspensión o el levantamiento, los descuentos y embargos que pesan sobre salarios de personas que no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa ni de acceder a las actuaciones procesales, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.
“También impone deberes «de oficio» a los jueces para decretar la inmediata suspensión de todo embargo en los casos en que no se pueda localizar físicamente el expediente, luego de un plazo razonable”, agregó el senador.
Otro aspecto relevante de la ley, según el titular de la Comisión, es que garantiza el acceso a la Defensa Pública a personas que no pueden costear un abogado o que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por razones económicas, por pertenecer a la tercera edad o a pueblos originarios, o por la dificultad de trasladarse hasta la Capital. Este acceso se dará sin más requisito que la presentación de una simple declaración jurada.
“El proceso, al ser de orden público, no puede permitir avasallamientos ni abusos. Por tanto, en función de un sistema judicial humano, efectivo y de tutela de los derechos humanos, aún en las cuestiones patrimoniales, es deber del Estado velar por los derechos a la subsistencia y la vida digna. Como en estos casos en que miles de ciudadanos han perdido todo por causa de una trama delictiva de la que el propio Estado ha sido parte”, expresó Filizzola.
Finalmente, el senador subrayó que se trata de una ley pensada en la gente y para la gente, que no altera el sistema procesal vigente, sino que refuerza las herramientas legales existentes para garantizar el derecho a la defensa de toda persona.
Periodista Senior