El abogado Jorge Rolón Luna habló sobre la denuncia que realizó en contra del conocido caso “Mafia de los Pagarés”, un escándalo judicial que afectó a miles de víctimas en Paraguay.
En comunicación con Radio Libre, el abogado Jorge Rolón Luna explicó los terribles alcances de esta estructura criminal que afecta a miles de ciudadanos comunes, muchos vulnerables y carecen de los medios para defenderse. Destacó cómo, a pesar de ser una “voz solitaria en el desierto” al principio, las denuncias que él realizó sobre la corrupción en los tribunales dieron paso a una serie de imputaciones históricas contra jueces, abogados, funcionarios y directivos de empresas de cobranza.
“Es el resultado de una cuestión que yo remarco siempre, cuando se realizan las primeras auditorías por parte de la Corte y luego la intervención del Ministerio Público, era tal la cantidad de evidencia, era tan grosera la manera en que esta gente realizaba estas estafas, la ligereza con que jueces permitían esto y eran parte del esquema, que era imposible ocultar los hechos”, señaló.
Un esquema criminal masivo
El letrado detalló que este tipo de estafa no solo ha afectado a unos pocos, sino a cientos de miles de personas a lo largo de los años.
De acuerdo con Rolón Luna, un solo juzgado de la capital tenía, en los registros, 29.000 expedientes; sin embargo, solo 5.000 se encontraban físicamente en el juzgado, mientras que el resto de los casos había sido trasladado ilegalmente a empresas de cobranza y estudios jurídicos. En estos lugares, los jueces ni siquiera revisaban los casos: simplemente firmaban sin investigar si los pagarés existían o si las deudas ya habían sido saldadas.
Las víctimas y el silencio del estado
Rolón Luna denunció que la mayoría de las víctimas de este fraude son personas vulnerables: empleados públicos de baja graduación, jubilados, docentes y personas con salarios fijos. Estas personas se ven embargadas por deudas inexistentes, muchas veces notificadas de manera fraudulenta. Los testimonios de las víctimas confirman que la operativa está basada en prácticas ilegales como la falsificación de notificaciones y el uso de testigos falsos.
Además, criticó duramente la falta de acción por parte de la Corte Suprema de Justicia y otros organismos estatales. A pesar de las investigaciones que se han realizado, los esfuerzos para desmantelar esta red de corrupción han sido mínimos. En lugar de proteger a las víctimas, las autoridades han priorizado proteger el sistema que las explota, lo que demuestra la complicidad de varias instancias del Estado. «Esas personas que deberían defender a la sociedad nunca se preocupan por las víctimas», lamentó.
Periodista Senior