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Opinión

Ley de Archivo

CIVITAS – Juan Pablo Fernandez Bogado

La ley de archivos que tenemos es obsoleta e Inservible para los tiempos que vivi­mos. Debatamos una que nos sirva entrando al 2020. En la precariedad de recursos y acciones por parte del estado, desde la sociedad civil, se ha dado mucho hincapié en la constante capacitación de la ley de Acceso a la información pública, para que la mayor cantidad de personas puedan ejercer su derecho a acceder a información y asi modificar malas prácticas de prepotencia y opacidad, que siguen practicandose.

Es importante recordar el Art. 8 de la Ley 5282/14, donde da una lista de informa­ción “MINIMA” que debe estar publicada en sus páginas webs y actualizados cada 3 meses. Las fuentes públicas deben publicar: Estructura orgánica; Facultades, de­beres, funciones y/o atribuciones de sus órganos y dependencias; Marco normativo; Descripción general de cómo funciona y proceso de toma de decisiones de la insti­tución; Listado de funcionarios, CI, salario (viáticos y prestaciones complementa­rias) y funciones que realizan; Política institucional y planes de acción; Programas en ejecución, con definición de metas, grado de ejecución y presupuesto aplicado publicado trimestralmente; Informes de auditoría; Informes viajes oficiales dentro del territorio y al extranjero; Convenios y contratos celebrados, con fecha, monto, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas y su estudio de impacto ambiental y/o planes de gestión ambiental; Cartas oficiales; Informes finales de consultorías; Cuadros de resultados; Lista de poderes vigentes a aboga­dos; Sistema de mantenimiento, clasificación e índice de documentos existentes; Descripción de los procedimientos para personas interesadas puedan acceder a do­cumentos que obren en su poder, incluyendo el lugar donde están archivados y el funcionario responsable; Mecanismos de participación ciudadana. Cómo están las instituciones del estado con estas informaciones mínimas que obliga la ley. Acep­table o Aplazado?

Para que todo lo anteriormente mencionado funcione, debemos debatir la ley de ar­chivo que tenemos o hacer una nueva. Si no lo hacemos, nos seguiremos mintiendo todos, y jugando a ser transparentes.

 

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