Una muy golpeada Fiscalía General del Estado en prácticamente todas las investigaciones que tengan un condimento político, ha dicho que volverá a la investigación en el tema de Itaipú acerca de la denuncia hecha por la Contraloría General de la República (CGR) que el Brasil nos robó US$ 4.100 millones en una deuda espuria que fue consentida por el gobierno de Stroessner, Rodríguez y Wasmosy.
Esa es una introducción simplemente. En cualquier otro país sería una gran noticia, en el nuestro no lo es. El mismo grupo de fiscales que anteriormente ya estuvo en la investigación de la malhadada disposición del Gobierno de firmar un acuerdo con Jair Bolsonaro que casi le costó el cargo a Mario Abdo, es el que va a llevar adelante la investigación.
Todavía recordamos los rostros de Marcelo Pecci y Liliana Alcaraz ingresando a Mburuvicha Róga y tomándole al presidente su deposición. Todos creían que era un gran momento en el que la justicia podía llegar incluso al lugar más alto de la República.
¿Qué pasó? Nada. No hay ninguna disposición de eso que ya está cumpliendo más de dos años, por lo tanto, es totalmente posible desconfiar que la Fiscalía llegue a alguna instancia que nos permita saber quiénes son responsables de este acuerdo.
Ya no creemos en la Fiscalía General del Estado. Ha tenido tantas oportunidades para demostrar un verdadero compromiso con la justicia y lo único que nos ha certificado es que con Sandra Quiñonez a la cabeza se ha vuelto absolutamente servil al poder político.
No creemos que esto lleve a la nada, es una simple mascarada, una jugarreta en la que dan la impresión de que les importa una cosa tan grave como el haber consentido la deuda espuria o haber firmado un acuerdo con Bolsonaro, que después se deshizo y que casi le costó la presidencia a Abdo.
Ningún responsable. Todo hecho jurídico donde estén metidos actores políticos. La Fiscalía simplemente se pone la venda y no observa, no escucha ni habla nada respecto al tema. Una verdadera vergüenza.
