Concejales departamentales de Central rechazaron un pedido de intervención a la gobernación administrada por Hugo Javier el pasado miércoles.
Sin embargo, para Óscar Orué, titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), independientemente a lo que se decida en la parte política, la Justicia es la que jugará un papel clave en esta cuestión.
“Ya hemos presentado lo que puede considerarse como un hecho punible. Ahora la justicia ya debe actuar en consecuencia. Independientemente a lo que se decida en el ámbito político. Y ahí el fiscal debe hacer su trabajo y ver el grado de responsabilidad de cada uno de los que actuaron”, señaló.
Informó que el miércoles pasado tuvo una reunión con el fiscal Rodrigo Estigarribia (uno de los dos que lleva delante el caso, el otro es Luis Said). Y estuvieron dialogando sobre lo que encontró la SET.
“Nosotros estamos a disposición de todos los órganos de control y de la Justicia en sí”, comentó.
ACTUAR DE LA FISCALÍA
Al ser consultado sobre la falta de investigación de oficio por parte de la Fiscalía, señaló que los mismos entes públicos afectados pueden hacer sus propias investigaciones.
“Si el Ministerio Público actuó o no actuó de oficio yo no soy quien para juzgar. Creo que cada uno sabe la responsabilidad y su potestad de sus instituciones. Acá no importa quién sea la persona, lo importante es que funcionen las instituciones. Para que haya confianza en estos procesos que siempre deben ser transparentes”, comentó.
La SET intervino en el caso por la denuncia de facturas falsas y esto guarda relación con cuestiones tributarias. Ellos no controlan si hay actos de corrupción, pero como se trata de contabilidad realizan el control y verifican los documentos tributarios. Se trata de facturas clonadas y falsas.
Agregó que la parte judicial jugará un papel clave. “La Fiscalía debe hacer los trámites necesarios, individualizar a los responsables y confirmar lo que nosotros encontramos. La administración tributaria confirmó que las facturas son falsas”, culminó.
CONTEXTO
La Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) anunciaron, el pasado 7 de julio, que pidieron al Ministerio Público intervenir a la Gobernación de Central administrada por Hugo Javier González.
El motivo fue el siguiente; en octubre del año pasado, dicha gobernación recibió US$ 1 millón (casi G. 6400 millones) para mitigar el impacto de la pandemia en la región. El ente público a su vez destinó G. 5105 millones de esos recursos para contratar a una ONG de nombre Centro Integral de Apoyo (CIAP) en febrero pasado.
Los G. 1.276 millones restantes fueron al Consejo Regional de Salud. Las irregularidades solo se registran en la rendición de cuentas de la primera entrega.
Durante la rendición de cuentas, la Gobernación presentó unas facturas y la CIAP otras distintas para justificar los gastos. Esto da motivos para pensar que se malversaron los fondos según señaló Orué.
