En toda sociedad civilizada, impedir el normal funcionamiento de las instituciones y la libre circulación es un delito que, según cada legislación, adquiere diferentes niveles de gravedad. En el Paraguay, aunque esa calificación exista, queda automáticamente derogada por la costumbre instaurada desde 1989 de someter a protocolos previos cualquier tumulto callejero con ocupación de espacios públicos o trastorno a la libre circulación de personas y bienes.
Aunque el Código Penal lo prevea, el juez dicte la orden y el fiscal se disponga a hacerla cumplir, se ha sentado jurisprudencia con la adopción de “protocolos de actuación” que las fuerzas policiales deben poner en marcha antes de despejar una ruta, liberar una plaza o desocupar un inmueble invadido. Primero hay que cabildear con los alzados, negociar algún bien de intercambio y, finalmente, rogar que los revoltosos depongan su actitud. El tiempo que insume todo esto a los ejecutores del protocolo les importa un cuerno. En la ambulancia puede morir un enfermo, en el camión refrigerado puede pudrirse su contenido, el empleado llegar tarde al trabajo y el transportador de pienso dejar sin comida a los pollitos de diez establecimientos avícolas. Nada de eso importa. Lo principal es que los cortadores de rutas, los invasores de plazas o los usurpadores de propiedades ajenas queden satisfechos en sus demandas aunque lleve días o semanas lograr el “acuerdo”. A jueces, fiscales y policías les tienen sin cuidado los millones que se pierden por minuto por cada inmovilización de personas y vehículos en esperas ruinosas. A ellos sólo les importa ser políticamente correctos y servir como mayordomos a los alzados en las calles.
Los desencadenantes de cortes y ocupaciones de espacios públicos son infinitos: exigir baja de combustibles, víveres, ayuda de las binacionales, la reposición de algún empleado público, que se les construya viviendas, etc. Una de las protestas más sensacionales, corte de ruta incluido, la protagonizaron en julio pasado indígenas que exigían la renuncia inmediata de todas las autoridades de los tres poderes del Estado. Hubiera sido inútil explicarles a los manifestantes que la única manera que prevé la constitución de cambiar autoridades es mediante elecciones democráticas. Sería tan inútil como hablar con una pared.
Facetas de una República secuestrada.
