Por Carlos Ibarrola
Pocas personas son tan productivas para Horacio Cartes como Sandra Quiñonez, quien desde la Fiscala General del Estado, no duda en hacer su voluntad sin importar cuán grosera resulte. Cuando parece que hemos tocado fondo, Quiñonez encuentra la forma de mostrarnos cuánto más hondo podemos caer.
Ayer, el caso del asesinato de Rodrigo Quintana dio un giro inesperado, aunque hoy lo inesperado sería que se haga justicia. La Fiscalía imputó a cinco jóvenes liberales, quienes estuvieron esa noche con Rodrigo y quienes podrían haber ocupado su lugar de no ser por el azar. Fueron ellos quienes protegieron y entregaron las grabaciones completas del circuito cerrado que evidenciaron las groseras mentiras de las «versiones oficiales». Ellos, las víctimas, están imputados. Y, por si fuera poco, están imputados por delitos que ya han prescrito.
Esto sucede en medio de las declaraciones de Darío Messer, en el marco del «Lava Jato», en las que sindica a Cartes como promotor de su fuga y afirma que su banco, BASA, lidera un cartel que lava dinero a través de un esquema complejo de operaciones que asisten actividades como el contrabando de cigarrillos y armas. Nada menos que el 80% de las actividades financieras del banco consiste en operaciones de venta de reales que luego son «blanqueados» dentro del esquema.
El Ministerio Publico no ha hecho nada al respecto. El Operativo Cicatriz y la «Concordia Colorada» con la que Abdo pretende concluir su mandato, también garantizan el respaldo judicial a Horacio Cartes y su impunidad. La justicia paraguaya es hoy un instrumento para acallar a los adversarios, que hoy se reducen exclusivamente al líder de la oposición y presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, quien —como era de esperarse— también cuenta con su correspondiente imputación por encargo, caso que hemos profundizado anteriormente y que no es menos sorprendente que lo que vemos hoy.
Efraín Alegre siempre se ha mostrado frontal cuando de Cartes se trata, ayer decidió responder el exabrupto con una convocatoria ciudadana para el día de hoy, a las 18:30h, frente al Banco BASA, al que calificó como «símbolo de la impunidad». Anunció que la movilización ciudadana tiene por objetivo dos puntos: Primero, la destitución de Abdo Benítez y Sandra Quiñonez, y Segundo, la prisión para Horacio Cartes.
Lo cierto y concreto es que el clima social se descompone cada vez más, casi al rito que la situación sanitaria. El «operativo cicatriz» ha logrado el objetivo de sostener impunes a todos los actores cuestionados —y que quedan por cuestionar— en el gobierno de Mario Abdo, a pesar de los reclamos incesantes de todos los sectores sociales. Cartes, por su parte, tiene garantizada su tranquilidad, gracias a su brazo corruptor en la justicia paraguaya y el libre contrabando de su producto. Sin embargo, si hay quien pueda cambiar el oscuro camino que transita la patria, serán los olvidados del pacto de impunidad, los que siempre terminan pagando el precio del crimen y la corrupción: la gente.
