Comentario 3×3
Por Benjamín Fernández Bogado
La Contraloría General de la República es una institución creada en la Constitución de 1992. El objetivo establecido en dicha carta magna era controlar de qué manera se gastaban los recursos del Estado y de qué manera ingresaban los servidores públicos y cómo salían. En estos días la Contraloría ha dado a conocer algunas de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios que tienen que ver con la administración de los fondos destinados para luchar contra la pandemia, y los números han sido sorprendentes, o los administradores no toman en serio esto que tiene una notable importancia y trascendencia en cualquier país. En cualquier nación chequean lo declarado para ver si se adecua a la verdad, y si no se adecua pues son procesados y condenados.
En el Paraguay dicen que nuestros empleados ya dicen a la Contraloría la cantidad que estiman robarán cuando salga, y colocan recursos que no tienen, pero que sin embargo cuando salgan sí acumularán de manera tal que si alguien lo investiga verá que existe absoluta correspondencia con lo que dijo al ingresar y lo que dice al salir. Con toda la tecnología disponible, con la gran capacidad que tiene hoy el ser humano para controlar estos movimientos, estas declaraciones juradas de bienes no solo que deberían ser públicas desde el mismo momento que alguien acepta un cargo público, sino que tendría que estar expuesta a ser investigada por cualquiera en un tiempo real, de lo contrario vamos a encontrarnos con que el presidente de la ANDE, el ingeniero Villordo declara que gasta G. 330 mil en comida. Nadie en el Paraguay vive con esa cantidad.
El programa Pytyvo, destinado a personas en situación prácticamente al límite de la supervivencia en la pandemia, fue de G. 548 mil una sola vez, no puede el presidente de la ANDE gastar casi la mitad solo en alimentarse, y si miramos los números de la ex presidenta de Petropar, Patricia Samudio, todavía son mucho más sorprendentes, y no hay ninguna correspondencia entre lo que dice, lo que declara, y lo que realmente es. Por ejemplo, afirma tener una deuda en cuarentena de G. 1 millón en 48 cuotas, eso hace G. 48 millones, pero ella puso en su declaración que ese pasivo es de G. 400 millones. La presidenta de Petropar también declaró que era propietaria de 2 motonetas Kenton cuyo valor es de G. 67 mil dijo ella, eso significa más o menos unas 9 botellas de agua tónica que habría comprado en su administración y que le había costado entre otras muchas cosas el cargo ayer. Hay que ser más serios en el manejo de la actividad de la Contraloría. Si ella no tiene voluntad, capacidad, ni el personal, pues tendríamos que buscar o reformarla o abolirla, así como está no le echa miedo a nadie.
