El caso de supuesta estafa de altos funcionarios de la multinacional en nuestro país duerme en el Juzgado de apelaciones, lo llamativo es que hasta el momento el Tribunal no impuso medidas alternativas a dos de los tres imputados en la causa, justamente a los dos altos ejecutivos de Cargill Paraguay, quienes habrían maniobrado para no cumplir con un contrato que asciende a unos US$ 650 mil.
Tras idas y vueltas, el caso está en instancias del Tribunal de Apelaciones. La Paraguaya Exprés es la que demandó el pago por una entrega de granos por la que no se efectivizó a pesar de un compromiso de pago firmado por la multinacional. El caso causó incluso revuelo en las oficinas Brasil y Argentina de Cargill, cuya reputación se ve afectado. El conflicto judicial ya lleva casi 2 años sin resolverse.
Sostienen que el representante legal de Cargill, en nuestro país, Marcelo Boo, no ha podido justificar en la carpeta fiscal el motivo por el cual no se ha cancelado la deuda con La Paraguaya Express por la soja entregada, tampoco ha podido justificar si el mandate contaba con línea de crédito suficiente al momento de la firma del mandato irrevocable de pago.
Vale recordar que la agente fiscal Elena Fiore que lleva el caso libró varios oficios a fin de que la empresa remita informes relevantes para el esclarecimiento de los hechos, sin embargo hasta la fecha no se ha cumplido en su totalidad, lo cual podría constituir un desacato en materia judicial.
PRIVILEGIO
Lo sugestivo es que mientras al tercer imputado en el caso, el representante de la firma Ágape, Celio Ramón Ortiz, se le impuso medidas alternativas a la prisión (al menos), los funcionarios de Cargill siguen ilesos.
Esto llamo la atención tanto del ministerio Público como de la querella adhesiva. A finales del año pasado, directivos de La Paraguaya y la propia fiscal del caso fueron hasta el juzgado para averiguar la lentitud del proceso que beneficia a los funcionarios de Cargill.
En ese entonces se vivió una jornada incidentada ya que también asistieron varios empleados de la empresa, preocupados ante la situación. Mientras se resuelve el caso, los directivos de La Paraguaya vienen haciendo malabares financieros de modo a seguir cumpliendo en fecha tanto con colaboradores como proveedores.
En su defensa, Cargill señaló en medios locales de comunicación que “Cargill está presente en Paraguay desde hace 45 años y siempre ha operado en el marco de la ley. En relación al caso, se encuentra en fuero penal y estamos a disposición de la Justicia para aportar las pruebas que sean necesarias. Confiamos en la Justicia y esperamos se esclarezca a la brevedad, demostrando que la empresa y sus funcionarios actuaron de buena fe y no cometieron delito alguno”.
