Del sistema de justicia se espera que el juez sea el más impoluto lejos de antecedentes negativos o relación a todo o todos etiquetados cómo malos por la ley. De los ideales a la realidad existe un largo trecho aquí y en otras partes del mundo.
Desde Ecuador su presidente Guillermo Lasso denuncia a cinco «malos jueces». En palabras del presidente se destaca: «Contamos con malos jueces que defienden a los delincuentes», Ecuador declaró la guerra al narcotráfico, al crimen organizado y a las mafias antipatria que nos roban la paz y la tranquilidad», dijo Lasso, añadiendo que, sin embargo, «algunos malos jueces liberan a esos delincuentes». Aqui tambien se hace la misma crítica desde hace mucho tiempo.
El gobernante identificó en su intervención a cinco jueces que han dictado la excarcelación de presuntos asesinos, violadores y traficantes de armas y drogas, así como declararon inocentes «a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales».
Amplia colusión
Este hecho de exponer públicamente a jueces o las personas que deben controlar la constitucionalidad de las leyes para luego tomar decisiones con respecto a los casos presentados es preocupante desde todo punto de vista. . Nada fácil la función de decidir una pena o concluir con un castigo a otra persona que aunque no sea conocida o pariente del juez no es tarea fácil y hoy día en que el mal se encuentra muy involucrado en la justicia, economía y hasta política de un país.
La justicia debe funcionar bien para la polis o la ciudad estado en la antigua Grecia. El espacio en el que se encuentra el ciudadano o habitante es el que pierde con la presencia de mortales narcotraficantes en colusión con quienes deberían sancionarlos.
Un país en crisis
Ecuador es uno de los principales productores de cocaína, su economía dolarizada y sus instituciones estatales propensas a la corrupción, así como el devastador del COVID-19, han convertido al país en el más reciente epicentro del narcotráfico y otros delitos violentos de América latina.
La población ecuatoriana rechazó el 5 de febrero en las urnas una propuesta presidencial de poder extraditar a connacionales involucrados con el crimen organizado transnacional. En Ecuador, con 18,2 millones de habitantes, está prohibida la extradición de connacionales desde hace ocho décadas.
Esto obliga a un intenso trabajo de la justicia ecuatoriana para revisar sus normas y ajustarlas a la necesidad que tiene la nación para poder sobrevivir a esta escalada de violencia que golpea esta nación andina. La denuncia de su presidente es parte del conflicto que ya afecta a toda la sociedad.-
