El abogado y escritor Jorge Rolón Luna fue quien descubrió y bautizó como “mafia de los pagarés” al esquema judicial y financiero que estafó a miles de paraguayos a través de juicios irregulares en los juzgados de paz. En conversación con Radio Libre, relató cómo se topó con el caso y la magnitud del fraude que involucra a funcionarios judiciales, abogados y empresas de cobranza.
“Todo empezó con una intuición”, cuenta Rolón Luna. Representaba a la madre de un amigo en un juicio civil cuando notó irregularidades: demandas sin notificación a los acusados, expedientes incompletos y un patrón que se repetía. “Indagando descubrí que mucha gente había sido víctima. Luego confirmé que en 2015 ya hubo una investigación de la fiscal Teresa Sosa que terminó sin mayores consecuencias”, explicó.
Según el abogado, el esquema consistía en demandas falsas por pagarés, muchas veces duplicadas o incluso por montos ya cancelados. “Era un sistema montado sobre la indefensión. La gente no se enteraba de que estaba siendo demandada. Se violaba el principio básico del debido proceso”, denunció.
Rolón Luna estima que más de 100.000 paraguayos fueron afectados a lo largo de una década. “No existen datos oficiales, pero el registro voluntario que impulsamos con el Senado ya cuenta con más de seis mil personas inscriptas. Si tomamos en cuenta que este mecanismo funcionó al menos desde 2015, es razonable hablar de cientos de miles de víctimas”, sostuvo.
El negocio movió cientos de millones de dólares, según sus cálculos. “Era un esquema perverso, diseñado para exprimir a personas humildes: docentes, jubilados, trabajadores asalariados. Les embargaban sueldos por deudas inexistentes o multiplicadas. Se apropiaban de su dinero con total impunidad”, afirmó.
El abogado señala que jueces de paz, actuarios y ujieres trabajaban en connivencia con estudios jurídicos y empresas de cobranza. “Funcionaba como una asociación criminal. Si esto no es asociación criminal, ¿qué lo es?”, cuestionó. También recordó que en allanamientos se hallaron más de 10.000 expedientes en una empresa como CARSA, cuyo nombre surgió en las investigaciones.
La Corte Suprema de Justicia, según Rolón Luna, falló en su deber de control. “Tenía la obligación de detectar estas irregularidades mediante auditorías, pero nunca lo hizo. Luego se molestó cuando se allanaron los juzgados. Es evidente que parte del sistema de control también estaba comprometido”, dijo.
Uno de los casos más extremos que citó fue el de una docente que compró un microondas por un millón de guaraníes y terminó con una deuda de 78 millones, llegando incluso a ser reclamada por sumas millonarias en dólares. “El sistema se descontroló. Los jueces devolvían los pagarés para que se usaran una y otra vez”, explicó.
Finalmente, criticó la inacción de las instituciones de defensa ciudadana: “La Secretaría de Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo no hicieron absolutamente nada. Este esquema funcionó a plena luz del día por más de una década y nadie lo frenó”.
Periodista Senior